Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo paso en la concentración del poder territorial. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una ley que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros de ancho en todas las fronteras de Nicaragua y otorga al Ejército la administración directa de esa zona.
La normativa, bautizada como Ley de Territorio Fronterizo, convierte esa franja en una “zona especial” bajo resguardo militar. El texto justifica la medida en la necesidad de “salvaguardar la soberanía, la seguridad nacional y la paz”, y establece que dicha área “es propiedad del Estado nicaragüense”.
Aunque la legislación de 2010 ya contemplaba los 15 kilómetros de zona fronteriza, solo los primeros cinco eran considerados inalienables. El cambio ahora amplía de forma absoluta el control estatal, lo que ha generado alarma entre productores, empresarios, comunidades indígenas y ambientalistas, quienes denuncian el carácter “confiscatorio” de la medida.
El temor se agrava por el historial de confiscaciones del régimen desde las protestas de 2018, cuando opositores, medios, universidades, organizaciones civiles e incluso la Iglesia católica perdieron propiedades que fueron ocupadas y reasignadas por el Estado. El caso más reciente fue la toma del colegio San José, en Carazo, anunciada por la vicepresidenta Murillo el pasado 12 de agosto.
La aplicación de la ley afectará principalmente las fronteras con Honduras y Costa Rica, que abarcan más de 1,200 kilómetros en conjunto. En esas zonas existen fincas ganaderas, cultivos agroindustriales, concesiones mineras, territorios indígenas y áreas protegidas con alto potencial turístico. “No sabemos cómo se va a implementar, estamos en la incertidumbre”, declaró un productor consultado.
El diputado sandinista Edwin Castro defendió la iniciativa, asegurando que el objetivo es frenar actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, organizaciones civiles y ambientalistas sostienen que la medida abre la puerta al despojo territorial y a la explotación de recursos naturales en beneficio de capital extranjero, en especial chino.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la clausurada Fundación del Río, advirtió que el régimen podría legalizar concesiones mineras en áreas protegidas cercanas a Costa Rica, recordando que recientemente se entregaron tres concesiones a la empresa china Thomas Metal. Además, señaló que el gobierno planea abrir cuatro nuevos puestos fronterizos para fortalecer su alianza con Pekín.
Por su parte, la Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que unas cien comunidades indígenas y afrodescendientes quedarían directamente afectadas. En un comunicado, la organización afirmó que la norma “legitima el despojo de territorios ancestrales y el usufructo de sus recursos, avalando posibles desplazamientos forzosos sin consentimiento previo, libre e informado”.
La nueva ley refuerza así el poder del Ejército y del Estado sobre zonas estratégicas, mientras amplifica la incertidumbre jurídica en un país marcado por las expropiaciones políticas.
Fuente: El País
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