Panamá
El Senado aprobó este miércoles con modificaciones el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, desatando críticas por la decisión de mantener intacto el artículo 24, una disposición que permitiría a funcionarios públicos negar el acceso a información de interés general alegando protección de datos.
La normativa, que ahora regresa a la Cámara de Diputados, ha sido señalada por organizaciones civiles como un posible retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública. El punto más cuestionado reside en la posibilidad de que autoridades públicas restrinjan datos como salarios, nombres de funcionarios o decisiones administrativas, sin necesidad de justificación detallada.
“Están desvirtuando los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto representa un retroceso inaceptable”, señaló Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), quien advirtió que esta legislación podría forzar a los ciudadanos a obtener el consentimiento de los propios funcionarios para acceder a datos básicos.
Santagada también alertó sobre el posible incumplimiento del histórico Acuerdo y Sentencia 1306 de la Corte Suprema, que reforzó el derecho ciudadano a la transparencia. “Aquella sentencia significó una breve primavera para la rendición de cuentas. Hoy está en riesgo”, expresó.
Desde el oficialismo en el Senado, en cambio, se descartó que el nuevo texto implique un debilitamiento del acceso a la información. El senador Colym Soroka, quien votó a favor pese a formar parte de la disidencia, defendió la propuesta y sostuvo que la ley busca adaptarse a los desafíos de la era digital. Además, respaldó el papel del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) como ente rector, pese a las dudas planteadas sobre su autonomía y trayectoria.
Uno de los puntos clave del proyecto aprobado es la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que tendrá la facultad de determinar qué información puede divulgarse y cuál no. Esta potestad ha generado inquietudes por el riesgo de filtrado previo y la introducción de criterios discrecionales que podrían ralentizar las respuestas a solicitudes de acceso.
“Una cosa es proteger datos personales, y otra muy distinta es esconder información pública”, afirmó Miguel Ángel Gaspar, presidente de Paraguay Ciberseguro. A su juicio, el proyecto original sí contemplaba un equilibrio entre privacidad y transparencia, pero la versión modificada pone en entredicho esa armonía.
Gaspar también hizo hincapié en la necesidad de una reglamentación clara y oportuna. “Una ley sin reglamento eficaz puede quedar en letra muerta”, advirtió. No obstante, reconoció avances como la protección reforzada de datos de niños y adolescentes, destacando que la ley establece límites claros para el manejo de datos de menores entre los 13 y 14 años.
En cuanto a las implicaciones para el sector privado, Gaspar señaló que ciertas prácticas comerciales deberán ajustarse a las nuevas reglas. “Muchas empresas se han beneficiado por años del uso poco regulado de datos personales. Ahora deberán adecuarse a estándares más estrictos”, puntualizó.
A pesar de las críticas, el Senado mantuvo la vigencia de la publicación activa de datos conforme a la Ley 5189 y a los artículos 8 al 11 de la Ley 5282. Sin embargo, la delegación de los criterios de interpretación a una entidad aún no constituida mantiene la incertidumbre sobre la aplicación efectiva del derecho ciudadano a la información pública.
El futuro del proyecto queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, que deberá decidir si acepta los cambios introducidos por el Senado o insiste en el texto originalmente aprobado.
Fuente: La Política Online
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