El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un ambicioso paquete fiscal impulsado por la administración Trump, que además de reformar el sistema tributario, coloca la política migratoria como una prioridad central en el presupuesto federal.
Con un estrecho margen de 51 votos a favor, 50 en contra, y el voto decisivo del vicepresidente JD Vance, la propuesta —denominada The One Big Beautiful Bill Act— fue enviada de nuevo a la Cámara de Representantes para su revisión final antes de la promulgación prevista por el presidente para el próximo 4 de julio, Día de la Independencia.
El paquete contempla un aumento significativo en el gasto destinado a la migración, incluyendo la ampliación del muro fronterizo, la contratación de más de 20,000 agentes para las agencias ICE y CBP, así como la construcción de nuevos centros de detención. Entre sus medidas más polémicas se destaca la implementación de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas al extranjero, afectando directamente a comunidades migrantes, como la salvadoreña, cuyo flujo anual supera los 8,000 millones de dólares.
La administración justifica este impuesto como una fuente para financiar parcialmente los costos operativos del nuevo esquema migratorio, pero organizaciones civiles como Alianza Américas alertan que la medida podría impactar negativamente economías vulnerables y fomentar el uso de canales informales, sin garantías para los remitentes.
Para defensores de migrantes, como la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AMMES), el incremento presupuestario es un componente clave para la ambiciosa meta de deportar a un millón de personas durante el primer año de gobierno. César Ríos, director ejecutivo de AMMES, señala que cada deportación individual implica un gasto cercano a los 20,000 dólares, lo que hacía inviable esta política sin una ampliación considerable de recursos.
El presupuesto aprobado también permitirá expandir la capacidad de detención, actualmente en 60,000 lugares. Ya se trabaja en nuevas instalaciones en Florida, como el centro Gaylord con espacio para 6,000 personas, y se planea añadir al menos 3,000 camas más. Aun así, la meta de capacidad diaria es de 100,000 detenidos, motivo por el cual el gobierno busca acuerdos con terceros países para agilizar la expulsión.
Según Óscar Chacón, asesor de Alianza Américas, el proyecto refleja una redistribución presupuestaria que prioriza la seguridad nacional a costa de recortes en programas sociales esenciales para personas de bajos ingresos, como Medicaid y SNAP.
Además, la ley establece nuevas restricciones para que migrantes —con o sin estatus legal— accedan a beneficios sociales. Familias con al menos un progenitor sin número de seguro social perderán el crédito fiscal por hijos. También se prevén recortes a la cobertura sanitaria en varios estados. Nuevas tarifas para trámites migratorios se imponen: solicitar asilo costará 1,000 dólares, permisos de trabajo 550 y apelaciones judiciales hasta 900 dólares.
Chacón advierte que esta estructura legal tiene un claro objetivo excluyente, limitando el acceso a servicios básicos y empujando a la marginalidad a la población migrante. Incluso el proceso para solicitar asilo, antes gratuito, se convierte ahora en una barrera económica considerable.
El impacto de estas medidas no es solo económico o legal, sino también psicológico. Según César Ríos, se está generando un ambiente de miedo que propicia la autodeportación voluntaria. Muchas personas están abandonando el país por temor a detenciones o separación familiar, lo que podría ser la principal herramienta para reducir la población migrante y cumplir con las metas gubernamentales.
El proyecto debe ser aprobado sin modificaciones por la Cámara de Representantes para que Trump pueda firmarlo. Cualquier alteración retrasaría el proceso, aunque los republicanos confían en que todo esté listo para la fecha simbólica del 4 de julio.
Fuente: La Prensa Gráfica
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