México
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el dictamen fue avalado tras un debate marcado por cuestionamientos sobre su alcance, definición de figuras clave y riesgos de militarización en su implementación.
La iniciativa, impulsada por el senador morenista Javier Corral, busca alinear la legislación mexicana con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año evaluará a México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Entre los principales cambios destacan la obligación de identificar al “beneficiario controlador” —la persona que realmente controla o se beneficia de las operaciones financieras—, la inclusión de nuevas actividades vulnerables como los desarrollos inmobiliarios, el uso de activos virtuales y los fideicomisos, así como la incorporación de la figura de “persona políticamente expuesta”.
No obstante, esta última definición generó amplio debate. Senadores de distintos partidos, incluyendo Morena, manifestaron su preocupación por la ambigüedad del término y los posibles abusos que podría derivar su aplicación. Guadalupe Chavira, legisladora morenista, pidió mayor claridad sobre los criterios que utilizarán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para aplicarlo.
“Necesitamos conocer a fondo el marco reglamentario que delimite con claridad las facultades de estas autoridades y evite excesos”, señaló.
En la misma línea, el panista Francisco Javier Ramírez advirtió que una definición laxa podría convertir en objeto de vigilancia indefinida a quienes hayan ocupado un cargo público, afectando su vida profesional incluso después de dejar el servicio.
La aprobación de la reforma ocurre en un contexto sensible: días antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a los bancos CIBanco, Intercam y Vector como presuntamente vinculados con operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Esta acusación generó fuertes reacciones en el Senado.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, cuestionó la efectividad de las instituciones mexicanas encargadas de la supervisión financiera. “Mientras las grandes operaciones ilegales siguen sin ser detectadas, se concentra el escrutinio en sectores informales, organizaciones sociales y religiosas”, afirmó.
Anaya criticó además el presunto vínculo de las entidades señaladas por EE. UU. con figuras cercanas al gobierno federal y acusó omisiones por parte de funcionarios que en el pasado estuvieron vinculados a dichos bancos. “No van contra los grandes operadores del lavado, van contra los ciudadanos”, sentenció.
Francisco Javier Ramírez ironizó sobre el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al señalar que fue necesario esperar a que las autoridades estadounidenses alertaran sobre los casos para que en México se tomara nota. “La UIF y la CNBV ‘se hicieron hormiga’”, dijo.
El dictamen ahora será turnado a la Cámara de Diputados. Solo se aprobó una reserva, presentada por la morenista Lucía Trasviña Waldenrath, que eliminó la mención expresa al "financiamiento al terrorismo" por considerarse redundante con el marco legal vigente.
Las principales modificaciones incluidas en la reforma son:
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Ampliación del concepto de beneficiario controlador.
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Definición de las Organizaciones Sin Fines de Lucro y actualización de la “relación de negocios”.
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Incorporación de nuevas actividades vulnerables.
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Inclusión del concepto de personas políticamente expuestas.
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Implementación de un régimen simplificado para la identificación de clientes públicos.
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Reforzamiento de mecanismos de capacitación, auditoría y evaluación de riesgos.
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Fortalecimiento de las sanciones y reconocimiento de la UIF como víctima en los procedimientos legales.
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Obligaciones específicas para notarios y corredores públicos.
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Cooperación formal con la Guardia Nacional.
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Protección de identidad de los oficiales de cumplimiento.
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Fomento a sistemas automatizados para gestión de riesgos.
El avance legislativo busca mejorar los mecanismos de control y detección de operaciones ilícitas en México, pero abre también un debate clave sobre el equilibrio entre seguridad financiera, derechos ciudadanos y control institucional.
Fuente: El Economista
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