La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este miércoles una decena de acciones concretas para dar seguimiento a la reciente reforma en materia de desaparición de personas, aprobada por el Congreso hace tres semanas. Entre los puntos centrales figura la obligatoriedad de registrar datos biométricos a través de la CURP, una disposición que ha generado críticas entre colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, afirmó en conferencia de prensa que estas medidas ya están en marcha y responden a los compromisos asumidos por el Gobierno federal con más de 450 colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes participaron en el proceso de diálogo convocado por Segob.
Entre las acciones destacadas se encuentra la elaboración del Reglamento de la Ley General en materia de Desaparición, cuyo plazo de publicación vence el próximo 15 de octubre. Paralelamente, se trabaja en la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), herramienta clave para la coordinación de esfuerzos a nivel nacional.
Uno de los ejes más ambiciosos es la creación de una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional de Búsqueda, bajo la coordinación del Registro Nacional de Población (Renapo) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta plataforma integrará bases de datos públicos y privados, con énfasis en registros biométricos y reportes de desaparición.
La integración de estos sistemas requerirá colaboración estrecha con la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de compartir sus bancos de datos para consolidar el nuevo modelo de búsqueda e identificación.
En lo operativo, se establecerá la obligación de usar datos biométricos e imágenes satelitales en toda acción de rastreo. Asimismo, se fortalecerán las fiscalías especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, con nuevas contrataciones, capacitación técnica y formación en derechos humanos.
También se implementará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que obligará a las fiscalías a iniciar de forma inmediata los expedientes por desaparición y mantenerlos actualizados para consulta pública de familiares y autoridades competentes.
Sobre la identificación de restos humanos, Medina reconoció un rezago estructural de décadas. La Segob planteó como meta dimensionar primero el total de cuerpos sin identificar y establecer responsabilidades claras a los gobiernos estatales para abatir esa deuda histórica.
Otro punto del plan es brindar atención prioritaria a hijos e hijas de personas desaparecidas, con acceso garantizado a programas sociales y un mecanismo específico de apoyo para este grupo, considerado víctima directa de la desaparición forzada.
Como parte del esquema de seguimiento, el Sistema Nacional de Búsqueda sesionará periódicamente y se exhortará a los congresos estatales a armonizar sus legislaciones conforme a la nueva norma federal.
Durante la presentación, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, admitió que no todas las demandas de los colectivos de búsqueda fueron integradas en la reforma. De las 570 propuestas presentadas, solo 30 derivaron en cambios sustanciales. No obstante, aseguró que se está explicando artículo por artículo a las organizaciones cómo se integraron sus aportes, aunque reconoció limitaciones normativas y presupuestarias para abordar temas de competencia local.
“Algunas peticiones no pudieron ser incluidas como se plantearon, pero seguimos trabajando para atenderlas por otras vías”, señaló el subsecretario Medina.
El Gobierno federal insistió en que el proceso es gradual, pero enfocado en resultados medibles. La presión social y la crisis de desapariciones —con más de 110 mil personas no localizadas en el país— hacen urgente la implementación efectiva de este paquete normativo y operativo.
Fuente: El Universal
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