Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, encabezó este martes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un contexto marcado por el reciente fallo de la Justicia estadounidense que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la expropiación de la compañía en 2012.
El encuentro se llevó a cabo en el Salón Eva Perón bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de los principales funcionarios del Ejecutivo. Participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), además del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La reunión tuvo lugar pocas horas después de que la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenara que el Estado argentino entregue el control accionario de la petrolera estatal como parte del resarcimiento por la nacionalización de 2012. La decisión judicial incluye un plazo de dos semanas para que Argentina cumpla con la entrega.
La medida responde a un pedido de los fondos demandantes para hacer efectivo el cobro de la sentencia, en línea con requerimientos previos que ya habían exigido información sobre activos estatales, incluyendo reservas de oro y otras empresas públicas.
Desde el oficialismo, la reacción no se hizo esperar. Milei apuntó directamente contra el exministro de Economía Axel Kicillof —actual gobernador bonaerense— a quien responsabilizó por el proceso de estatización. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó la decisión de aquel entonces como “un acto de ineptitud ideológica” y confirmó que el Gobierno apelará el fallo.
Mientras tanto, el Ejecutivo afina una estrategia jurídica que buscará revertir la sentencia o, al menos, mitigar sus efectos. No obstante, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se excusó de intervenir en el caso, lo que deja la conducción legal en manos del equipo de abogados que representa al Estado argentino en los tribunales internacionales.
Fuente: Ámbito
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