La elección judicial, primer proceso electoral para seleccionar jueces, magistrados y ministros mediante votación, continúa envuelta en controversia. El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó este lunes la fiscalización de ingresos y gastos de campaña de los más de 7,000 candidatos que disputaron 2,681 cargos federales y locales el pasado 1 de junio, imponiendo multas superiores a 18 millones de pesos.
Entre las sanciones destacan 177 candidaturas ganadoras que aparecieron en los denominados “acordeones”: listas impresas y digitales masivamente distribuidas para orientar el voto ciudadano. Aunque inicialmente el INE contemplaba multas equivalentes al 10% de los topes de campaña según el cargo, los montos fueron reducidos significativamente en la resolución final.
Por ejemplo, en el caso de los nueve ministros electos para la próxima Suprema Corte de Justicia, la propuesta original establecía multas individuales de hasta 149,000 pesos, pero el monto total por sanciones relacionadas con los acordeones y otras irregularidades no superó los 566,000 pesos. De forma individual, las multas varían según la capacidad económica de cada candidato; la ministra Loretta Ortiz recibió la sanción más alta con 127,000 pesos, mientras que Irving Espinoza, la menor con 39,599 pesos.
Las investigaciones hasta ahora no han logrado identificar a los responsables directos detrás de la elaboración y distribución de los volantes catalogados como propaganda ilegal.
De manera preliminar, el INE reporta 8,049 irregularidades a nivel federal, con multas que suman 10,364 millones de pesos; mientras que en 19 estados con elección judicial local se han registrado 9,547 faltas que ameritan multas por 7,975 millones.
El órgano electoral ha decidido continuar con las investigaciones para rastrear la cadena de responsabilidad de la operación “acordeón”, respaldado por ocho consejeros que consideran insuficiente el tiempo dedicado a la pesquisa inicial.
Durante la sesión, el pleno del INE evidenció división: seis consejeros respaldaron las multas, aunque con reducciones sustanciales, cuestionando el poder económico necesario para una estrategia con tal alcance, y sugiriendo que detrás podrían estar estructuras con recursos políticos o coercitivos, como gobiernos, partidos políticos o incluso grupos delictivos.
En contraste, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y algunos consejeros manifestaron que las sanciones carecen de base jurídica sólida debido a la imposibilidad de cuantificar la totalidad de acordeones distribuidos o validar la propaganda en medios digitales.
En consenso, la mayoría de los consejeros coincidió en la necesidad urgente de que el Legislativo cierre vacíos legales para evitar la repetición de estas prácticas en los comicios de 2027, cuando se renovarán los cargos judiciales.
“Hago un llamado a los legisladores para fortalecer el marco normativo, dotando al INE de herramientas efectivas para investigar, sancionar y erradicar conductas que dañan la confianza en las instituciones”, enfatizó Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE.
Fuente: La Jornada
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