A pesar de contar con uno de los sistemas partidarios más débiles en términos de institucionalización, la República Dominicana figura entre los países latinoamericanos que más recursos públicos asignan a sus partidos políticos, tanto en períodos electorales como en años ordinarios.
Durante el 2024, marcado por elecciones municipales, legislativas y presidenciales, el Estado dominicano desembolsó RD$5,041.6 millones para el financiamiento de las actividades partidarias. Se trata de la mayor asignación en la historia democrática reciente del país.
El dato fue revelado por el informe Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana, elaborado por la organización Participación Ciudadana, que analiza el modelo actual y plantea propuestas concretas para reformar las leyes 33-18 de Partidos y 20-23 del Régimen Electoral.
Según el estudio, el Estado dominicano destina 2.36 dólares por habitante al año en financiamiento ordinario a los partidos —es decir, en años no electorales— y 6.40 dólares per cápita durante los ciclos de campaña.
Estas cifras colocan al país como el tercero con mayor financiamiento público ordinario en América Latina, superado solo por México y Panamá. En el caso del financiamiento electoral, República Dominicana ocupa la cuarta posición regional, detrás de Uruguay, Costa Rica y nuevamente Panamá.
En la presentación del informe, el politólogo y sociólogo Gustavo Oliva advirtió que la elevada dependencia de los partidos respecto a los fondos públicos debilita su vínculo con la sociedad civil y frena la innovación política.
“La asignación garantizada de recursos, sin relación con el desempeño electoral, crea partidos desconectados de la ciudadanía. No hay incentivos para mejorar ni para renovar propuestas”, explicó Oliva.
Según el experto, este modelo fomenta la perpetuación de estructuras clientelares en lugar de fortalecer la competencia democrática.
Ante este panorama, Participación Ciudadana plantea rediseñar el esquema de asignación, acceso y distribución de los fondos públicos, con el objetivo de mejorar su eficiencia y sostenibilidad.
Dos mecanismos sugeridos permitirían reducir hasta un 30 % del subsidio ordinario sin perder competitividad regional:
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Modelo basado en el Ingreso Nacional Plurianual (INP): vincula los recursos al 0.8 % de los ingresos fiscales del año preelectoral. Se propone dividir equitativamente ese fondo entre gasto ordinario y electoral, lo que representaría un ahorro del 29.2 %.
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Modelo basado en el Indicador de Necesidades Básicas Satisfechas (INBS): vincula el monto por voto válido al ingreso mínimo para no ser considerado pobre, lo que permitiría una reducción del 25.6 % del financiamiento ordinario.
El informe también sugiere elevar al 1 % de los votos válidos el umbral para que los partidos accedan al financiamiento estatal. Actualmente, partidos que apenas obtienen el 0.01 % pueden recibir recursos públicos.
Respecto a la distribución del dinero, se propone un esquema mixto:
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50 % se distribuiría en partes iguales entre los partidos que superen el umbral.
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El otro 50 % se asignaría de manera proporcional al número de votos obtenidos.
Esto contrastaría con el modelo vigente que reparte el financiamiento en tres tramos:
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80 % entre partidos que superen el 5 % de los votos.
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12 % para los que obtengan entre 1 % y 5 %.
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8 % para los que reciban entre 0.01 % y 1 %.
El caso dominicano abre un debate urgente sobre el equilibrio entre financiamiento público y fortalecimiento democrático. Mientras crecen los recursos asignados, persisten las debilidades institucionales de los partidos, situación que —de no corregirse— podría erosionar aún más la confianza ciudadana en el sistema político.
Fuente: Diario Libre
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