A escasas horas de una votación clave en el Congreso, el presidente Gustavo Petro estaría dispuesto a archivar su propuesta de consulta popular para refrendar la reforma laboral, siempre que el Legislativo le otorgue luz verde al articulado de la iniciativa. Con ello, el Gobierno nacional replantearía una de las estrategias más polémicas de su administración, tras el revés recibido por parte del Senado y la suspensión temporal impuesta por el Consejo de Estado.
El escenario, según fuentes legislativas, gira en torno a un acuerdo implícito: si los congresistas aprueban la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo —que contempla la ampliación de la jornada nocturna, el pago diferencial por domingos y festivos, mayor estabilidad contractual y garantías para aprendices del Sena—, el mandatario daría por clausurada la vía de la consulta mediante decreto, cuya legalidad ha sido ampliamente cuestionada.
El Senado y la Cámara de Representantes sesionarán este viernes 21 de junio desde las 8:00 a. m. para intentar conciliar el texto final del proyecto. En caso de que ambas plenarias respalden la propuesta, esta pasaría a sanción presidencial, lo que permitiría al Gobierno presentarlo como un triunfo legislativo sin necesidad de acudir a las urnas.
Diversos sectores de la oposición han criticado duramente la estrategia del Gobierno. Para el concejal bogotano Daniel Briceño (Centro Democrático), la consulta popular fue utilizada como “mecanismo de presión” para doblegar al Congreso. Legisladores oficialistas, por su parte, rechazan esta interpretación y afirman que las negociaciones responden a la dinámica democrática propia del Legislativo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno está evaluando retirar oficialmente la consulta si el proyecto laboral alcanza sus objetivos esenciales. Este movimiento se interpretaría como una concesión táctica del Ejecutivo para garantizar el avance de su agenda social en medio de crecientes tensiones institucionales.
La consulta popular fue suspendida de forma preventiva por el Consejo de Estado, luego de una demanda interpuesta por congresistas que denunciaron presuntas irregularidades en el decreto con el que Petro intentó convocar a los ciudadanos, pese a la negativa del Senado. La decisión judicial obligó al Gobierno a rediseñar su estrategia legislativa y concentrar sus esfuerzos en lograr mayorías en el Capitolio.
Con la reforma laboral pendiente de definición, el Ejecutivo también deberá redirigir su atención hacia la reforma pensional. La Corte Constitucional ordenó devolver el proyecto a la Cámara de Representantes por vicios en su trámite, lo que llevó a Petro a convocar sesiones extraordinarias en ambas cámaras para intentar corregir el rumbo legislativo.
“Serán convocadas a sesiones extraordinarias tanto el Senado como la Cámara, para que se estudie la reforma pensional, tal como ordenó la Corte Constitucional”, anunció el presidente a través de su cuenta en X.
En este momento decisivo, el Gobierno Petro enfrenta su encrucijada legislativa más significativa, con el riesgo de que su ambiciosa agenda social quede truncada si no logra sellar acuerdos de último minuto con el Congreso.
Fuente: Semana
.jpg)