El Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló dos resoluciones clave de la Junta Central Electoral (JCE), obligando al órgano comicial a replantear la categorización de los partidos políticos y la asignación de los fondos estatales correspondientes al año 2025.
Mediante la sentencia TSE/0010/2025, el alto tribunal acogió parcialmente las impugnaciones presentadas por los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC), quienes objetaron las resoluciones 7-2025 y 8-2025 emitidas por la JCE en febrero de este año.
Con esta decisión, la JCE deberá emitir una nueva resolución que fije el orden numérico de las organizaciones políticas en la boleta electoral de 2028 y recalcule la contribución económica estatal que recibirán en 2025, con base en los criterios establecidos por el TSE.
Según el Presupuesto General del Estado para 2025, se destinarán RD$1,500 millones al financiamiento de los partidos, en un año no electoral. De ese total, el 80 % —equivalente a RD$1,200 millones— se reparte entre el PRM, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El restante 20 % se distribuye entre otras organizaciones, dependiendo de su desempeño electoral.
El TSE introdujo una interpretación clave al artículo 61 de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, estableciendo que el concepto de “última elección” debe entenderse como el último ciclo electoral completo, lo que incluye comicios municipales, congresuales y presidenciales celebrados en un mismo año.
Además, el tribunal ordenó que dentro del 8 % del financiamiento se incluyan no solo los partidos activos en la elección más reciente, sino también aquellos que mantienen su personería jurídica o que obtuvieron reconocimiento recientemente.
La sentencia también valida las intervenciones forzosas solicitadas por la JCE, que incluyeron a más de treinta partidos políticos —entre ellos PRM, FP, PLD, PRD, PRSC, OD, PCR y PHD— bajo el argumento de que las resoluciones impactaban directamente sus derechos y representación legal.
Las resoluciones anuladas fueron emitidas el 14 de febrero de 2025. En ellas, la JCE definía la categorización de los partidos con fines de distribución de fondos públicos y asignaba los recursos correspondientes para el año.
Sin embargo, los partidos impugnantes denunciaron que los criterios aplicados eran restrictivos, contravenían principios constitucionales y discriminaban a organizaciones con personería vigente o nuevos registros que no habían competido en todos los niveles electorales.
La JCE, por su parte, solicitó la intervención judicial de todos los actores políticos involucrados, alegando que cualquier cambio afectaría de manera directa la estructura del sistema de financiamiento.
Finalmente, el TSE resolvió unificando las acciones legales en un solo expediente y ordenando la anulación de las resoluciones, dando paso a un nuevo marco de distribución de recursos públicos para los partidos en 2025.
Fuente: Diario Libre
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