Canadá
El gobierno liberal de Canadá presentó este martes el proyecto de ley C-2, conocido como Ley de Fronteras Fuertes, una iniciativa legislativa de amplio alcance que busca reforzar la soberanía nacional, incrementar el control fronterizo y fortalecer la seguridad pública ante amenazas internas y externas.
La propuesta contempla modificaciones sustanciales a diversas normativas, entre ellas la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, la Ley de Océanos, el Código Penal, la Ley de Inteligencia de Seguridad Canadiense, la Ley del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y la Ley de Sustancias y Drogas Controladas.
Según explicó el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, desde Ottawa:
“Debemos asegurarnos de que las fuerzas de seguridad cuenten con las herramientas necesarias para adelantarse a las organizaciones criminales y combatir sus actividades ilícitas. Esto es esencial para proteger a la ciudadanía y reafirma nuestro compromiso compartido con socios como Estados Unidos.”
El proyecto de ley otorgaría al gobierno nuevas facultades para suspender, cancelar o modificar documentos migratorios cuando se determine que existe un riesgo para la seguridad nacional o la salud pública. Además, permitiría detener temporalmente la recepción de solicitudes de inmigración e incluso anular las ya presentadas.
Entre otras disposiciones, se exige que las solicitudes de asilo se presenten dentro del primer año tras ingresar al país, incluso para estudiantes o residentes temporales. Asimismo, quienes crucen la frontera por puntos no autorizados deberán presentar su solicitud de refugio en un plazo máximo de 14 días.
El gobierno también busca acelerar las salidas voluntarias al hacer que las órdenes de deportación entren en vigencia el mismo día en que un solicitante retire su petición de asilo.
El proyecto de ley se presenta en un contexto tenso con Washington, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara en enero una emergencia nacional y aplicara aranceles a Canadá y México, alegando una crisis migratoria y de tráfico de fentanilo.
En respuesta, Canadá ha intensificado sus esfuerzos para frenar el flujo de personas y sustancias ilegales hacia el sur, con el objetivo de aliviar las tensiones bilaterales.
“El proyecto C-2 contiene elementos que buscan fortalecer la relación con Estados Unidos”, indicó Anandasangaree. “Estamos abordando temas que han sido motivo de fricción, pero también actuamos en función de nuestros propios intereses.”
La legislación también cumple con los compromisos anunciados en el discurso del trono para mejorar el control sobre precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas. Se plantean reformas a la Ley de Cannabis y a la Ley de Sustancias Controladas, con miras a impedir la importación y el uso no autorizado de estos compuestos.
El texto propone otorgar a la Guardia Costera Canadiense competencias en materia de vigilancia y seguridad marítima, en particular en aguas remotas del Ártico. Se busca dotar a la institución de capacidad para recolectar, analizar y compartir inteligencia con fines de seguridad.
En paralelo, se establecen nuevos lineamientos para el intercambio de información entre agencias, ampliando el alcance operativo de la Agencia de Servicios Fronterizos, la Real Policía Montada y el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad.
Otras disposiciones destacadas
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Enmiendas a la Ley de Correos para permitir a las autoridades inspeccionar correspondencia con orden judicial en investigaciones criminales.
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Obligación a proveedores de servicios electrónicos de conservar datos de suscriptores, que podrán ser entregados legalmente a agencias de seguridad.
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Reforma a la Ley del Registro de Delincuentes Sexuales para compartir información con aliados internacionales.
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Endurecimiento de medidas contra el lavado de dinero, incluyendo límites a las transacciones en efectivo mayores a 10 mil dólares y restricciones sobre depósitos en nombre de terceros.
El gobierno federal continúa, además, con el despliegue de vigilancia fronteriza permanente mediante drones, helicópteros y torres de monitoreo, y trabaja en conjunto con Estados Unidos en la creación de una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado transfronterizo.
El proyecto C-2 marca un giro significativo en la política migratoria y de seguridad canadiense, y su debate parlamentario será clave para definir el equilibrio entre derechos civiles y control estatal en el nuevo contexto regional.
Fuente: CBC
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