A menos de un año de las elecciones generales de 2026, la Comisión de Constitución del Congreso, bajo la presidencia de Fuerza Popular, aprobó un dictamen que faculta a los congresistas para promover sus posiciones políticas incluso durante la llamada “semana de representación”, periodo en el que usualmente se desplazan a sus regiones para recoger demandas ciudadanas.
El proyecto de ley 11306, presentado por Fuerza Popular y respaldado por legisladores de diez bancadas, fue sometido a debate y aprobado en menos de dos semanas, el 3 de junio, con un resultado de 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
Este dictamen modifica el Reglamento del Congreso para permitir a los parlamentarios expresar, defender y promover sus posiciones ideológicas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de neutralidad política. Sin embargo, se especifica que estas actividades no pueden realizarse durante las sesiones plenarias ni en las reuniones de comisiones parlamentarias, salvo que el congresista solicite licencia sin goce de haber.
No obstante, el texto no regula de manera explícita la semana de representación, periodo en el que no se celebran sesiones y durante el cual los parlamentarios reciben un presupuesto mensual de S/ 2,800 para apoyo logístico, además de financiamiento estatal para pasajes y viáticos de sus asesores. Esto genera preocupación entre especialistas, que advierten el riesgo de que se utilicen recursos públicos para proselitismo electoral.
El autor principal del proyecto es el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien no participó en el debate, acompañado por coautores de diversas bancadas como Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País, entre otras.
En defensa de la propuesta, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, destacó que el Congreso es un órgano político por excelencia y que exigir neutralidad a los legisladores sería “una mutilación institucional”. Subrayó que la iniciativa no responde a intereses partidarios, sino a un principio democrático esencial.
Durante el debate, algunos parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País manifestaron su apoyo, mientras que miembros del Bloque Democrático y la Bancada Socialista expresaron rechazo, argumentando que se pone en riesgo la imparcialidad y la equidad electoral.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que el texto es claro y no autoriza proselitismo durante la semana de representación, defendiendo la continuidad del rol político activo del legislador hasta el final de su mandato. Sin embargo, no pidió modificaciones para prohibir campañas en ese periodo.
Por otro lado, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático) afirmó que no es necesario garantizar explícitamente la libertad para hacer campaña, ya que esto puede socavar el principio de neutralidad que debe regir en procesos electorales.
El proyecto contó con el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Podemos Perú, las mismas bancadas que apoyaron el retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria.
Cabe destacar que esta reforma se da en un contexto donde la bicameralidad implica la elección de 130 diputados y 60 senadores, y varios actuales congresistas que podrían postular al Senado ya votaron a favor del proyecto que flexibiliza la neutralidad política.
Expertos en derecho constitucional consultados por este medio calificaron el dictamen como problemático. Natale Amprimo lo calificó de “absurdo” y señaló que la Comisión debería en cambio proponer la suspensión de las semanas de representación durante el periodo electoral para evitar conflictos.
Alejandro Rospigliosi enfatizó que la Constitución exige neutralidad a los funcionarios públicos y que es indispensable la vigilancia institucional para impedir el uso de recursos estatales con fines partidarios.
Aunque reconoció que la prohibición de proselitismo durante sesiones plenarias y de comisión es positiva, señaló que la ausencia de regulación sobre la semana de representación deja una brecha para posibles abusos.
El debate continúa abierto y el impacto de esta reforma, en plena campaña electoral, genera cuestionamientos sobre la equidad y transparencia del proceso electoral de 2026.
Fuente: La República
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