Por Edson Báez
En México, estamos a las puertas de un evento electoral sin precedentes: este 1 de junio, los ciudadanos podrán elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La magnitud del hecho es histórica. Sin embargo, la gran pregunta ya no es quién ganará, sino si la gente saldrá a votar.
Este proceso, impulsado por el actual gobierno, representa una transformación inédita del sistema judicial. Pero, ¿qué tan dispuesto está el electorado a participar? Según la última encuesta de Enkoll, apenas el 48% de los ciudadanos sabe la fecha exacta de la elección, solo el 23% conoce a algún candidato y el 38% afirma que es “muy probable” que acuda a votar. En un país donde la participación electoral ronda el 60% en presidenciales, pero cae estrepitosamente en consultas y elecciones intermedias, este dato prende las alertas.
La elección ha generado más preguntas que certezas: ¿cómo votar por más de 800 cargos que incluyen jueces especializados por materia, género y distrito? ¿Cómo identificar a los candidatos cuando no tienen acceso a tiempos oficiales ni financiamiento? ¿Cómo entender seis boletas distintas en una sola jornada? Y, sobre todo, ¿qué tan legítimos serán los resultados si vota menos del 20%?
Desde el oficialismo, la narrativa es clara: “salir a votar legitima el nuevo sistema”. Y en efecto, para Morena, esta elección es una prueba de fuerza estructural y un termómetro de movilización. Para la oposición, sin embargo, el terreno es resbaladizo. Sin una contra-narrativa fuerte ni una postura clara, se ha limitado a descalificar el proceso sin ofrecer alternativas. Como resultado, sectores críticos del gobierno están divididos entre abstenerse o acudir a las urnas con candidatos independientes.
La ciudadanía, por su parte, navega entre el escepticismo y la apatía. Aunque el 72% considera la elección “necesaria”, también el 60% cree que aumentará la corrupción, y más del 50% piensa que los nuevos jueces serán más vulnerables al crimen organizado. La paradoja es brutal: se percibe como un ejercicio democrático, pero no se cree que mejore la justicia.
Y sin embargo, esta elección sí importa. Por lo que representa y por lo que puede cambiar. Si la ciudadanía decide participar, puede enviar un mensaje —a favor o en contra del gobierno— pero también puede moldear un Poder Judicial más representativo. Si decide no hacerlo, corre el riesgo de dejar en manos de unos pocos las decisiones que afectan a todos.
Votar o no votar es, esta vez, el verdadero dilema. No hay respuestas fáciles. Pero en democracias jóvenes como la mexicana, incluso las preguntas incómodas son parte del proceso de maduración política.
.jpg)