La reciente promulgación de la Ley N.° 32351 ha generado una fuerte reacción por parte de los gremios periodísticos peruanos, quienes advierten sobre una posible intromisión del Estado en los contenidos de los medios de comunicación. La norma, publicada el 28 de mayo en el diario oficial El Peruano, modifica el artículo 46 de la Ley 30364 e incorpora a nueve ministerios en el uso gratuito de la denominada “franja educativa” del 10% de la programación en medios de comunicación públicos y privados.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), fue enfática al señalar que esta medida se enmarca en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, lo que permitiría a diversas entidades del Ejecutivo acceder gratuitamente a espacios en medios para difundir mensajes institucionales.
De acuerdo con la ley, las instituciones habilitadas para utilizar este espacio gratuito son:
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
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Ministerio del Interior (MININTER)
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
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Ministerio de Salud (MINSA)
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Ministerio de Educación (MINEDU)
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
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Ministerio de Cultura (MINCUL)
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Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Además, también integran el sistema el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos regionales y locales.
Lainez advirtió que la norma podría ser utilizada como una vía indirecta para ejercer control sobre el contenido editorial de los medios. “Si hablamos de un diario de 24 páginas, más de dos páginas podrían ser ocupadas por estos mensajes institucionales. Esto vulnera principios fundamentales como la independencia editorial”, señaló.
Agregó que los medios ya vienen desempeñando una labor informativa sobre temas de violencia de género, feminicidios y canales de atención, con cobertura especializada y responsable. “Ha habido un esfuerzo sostenido de parte de los periodistas y medios para evitar la revictimización”, subrayó.
La asociación Medios Perú, que agrupa a emisoras de radio y televisión, también se pronunció en contra de la norma. En un comunicado, advirtió que “se está abriendo arbitrariamente la puerta a la intromisión estatal en las decisiones editoriales y programáticas”, lo que —según indicaron— representa una amenaza directa a la libertad de expresión y a la autonomía informativa reconocidas por la Constitución.
Ambas organizaciones instaron al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional a revisar la norma, advirtiendo que se estaría tergiversando el principio de colaboración voluntaria entre el Estado y los medios.
No es la primera vez que se intenta imponer contenidos obligatorios desde el Ejecutivo. La ANP recordó que meses atrás se intentó establecer una franja obligatoria para la difusión de mensajes del Gobierno sobre lucha contra el crimen, propuesta que finalmente fue desestimada. Sin embargo, esta nueva ley fue aprobada sin consulta previa a las asociaciones de prensa.
Frente a las críticas, representantes del Ejecutivo negaron que se busque coartar la libertad de expresión. “Rechazamos tajantemente cualquier insinuación de que esta ley tenga fines políticos o de censura. Defendemos plenamente la libertad de prensa como pilar de la democracia”, indicó una fuente oficial, recordando que en su momento el Ejecutivo presentó observaciones al proyecto por posibles afectaciones a la autonomía de los medios.
No obstante, el Gobierno evitó pronunciarse sobre el hecho de que la norma beneficie directamente a nueve ministerios del Ejecutivo ni explicó por qué no se solicitó la opinión del sector periodístico antes de su promulgación.
Desde una perspectiva institucional y de comunicación estratégica, la promulgación de esta ley plantea serios desafíos a la gobernanza informativa. La utilización de espacios en medios privados sin compensación económica puede establecer un precedente delicado en la relación entre Estado y medios, tensionando principios constitucionales como la libertad de empresa y la autonomía editorial, pilares fundamentales del ecosistema mediático en democracias liberales.
Fuente: La República
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