Bolivia
Ante la creciente amenaza que representan diversas acciones judiciales contra el proceso electoral, legisladores de Bolivia instan a las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a priorizar la seguridad jurídica de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, dejando de lado intereses políticos y campañas partidarias.
Recientemente se confirmó la presentación de múltiples recursos judiciales que podrían paralizar o invalidar el actual proceso electoral. Frente a esta situación, parlamentarios cuestionan la falta de respuesta oportuna de las directivas de la ALP respecto a los proyectos normativos presentados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), cuyo objetivo es blindar las elecciones y garantizar su realización en tiempo y forma.
La diputada cochabambina Alejandra Camargo destacó que tanto el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, como las presidencias de las cámaras legislativas, tienen la responsabilidad de asegurar el tratamiento expedito de estas iniciativas legales. Subrayó la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin contratiempos.
“Exhortamos a las autoridades legislativas a priorizar la estabilidad del proceso electoral y dejar de lado las campañas políticas, que en estos momentos ponen en riesgo el calendario electoral”, señaló Camargo. Además, hizo un llamado a los asambleístas de todas las fuerzas políticas para que, por encima de sus aspiraciones personales o partidarias, trabajen en garantizar la realización efectiva de los comicios de 2025.
Por su parte, Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, recordó que la Cámara Baja ya aprobó el proyecto de ley que garantiza el principio de preclusión en procesos electorales, pero lamentó que esta normativa permanezca paralizada en el Senado. Urquidi exigió al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, agilizar su aprobación durante esta semana.
“Es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adopte una postura activa y de confianza, evitando limitarse a una actitud defensiva ante las amenazas judiciales. La ciudadanía debe tener la certeza de que podrá votar el 17 de agosto”, afirmó.
En este contexto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe, confirmó que existen al menos diez acciones legales dirigidas contra organizaciones políticas y el propio TSE, las cuales tienen el potencial de afectar el desarrollo del proceso electoral.
El legislador paceño Alberto Astorga advirtió que la actual judicialización del proceso podría haberse evitado con la aprobación oportuna de la Ley de Preclusión, presentada por el TSE. “La falta de esta norma pone en riesgo las elecciones y, por ende, la estabilidad democrática del país”, lamentó.
En conclusión, los legisladores insisten en la necesidad urgente de que la Asamblea Legislativa Plurinacional actúe con responsabilidad, deje de lado los intereses partidarios y garantice el normal desarrollo del proceso electoral, asegurando así el derecho fundamental de los bolivianos a elegir a sus gobernantes.
Fuente: El Diario
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