En una nueva escalada retórica y represiva, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, arremetió públicamente contra varias organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, acusándolas de financiar actividades terroristas y desestabilizadoras. Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa celebrada esta semana, en la que el alto funcionario vinculó a Provea, Foro Penal y Médicos Unidos de Venezuela con supuestos planes violentos en el país.
Según Cabello, estas organizaciones —reconocidas a nivel internacional por su labor humanitaria y de defensa de derechos humanos— formarían parte de una “estructura operativa” orientada a desestabilizar el Estado venezolano. El funcionario aseguró que dichas conclusiones surgen de una supuesta revisión del teléfono del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, actualmente detenido bajo acusaciones de conspiración.
“Estas ONG no son solo fachadas académicas o médicas. Están comprometidas con grupos que promueven el caos en Venezuela”, declaró Cabello, sin presentar evidencias verificables que sustenten sus señalamientos.
Las imputaciones fueron ampliamente criticadas por analistas y organizaciones independientes, quienes las califican de infundadas y parte de una estrategia sistemática para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico. Provea y Foro Penal, en particular, han sido históricamente señaladas por el oficialismo por documentar violaciones de derechos humanos.
En el mismo encuentro con medios, Cabello lanzó una advertencia directa a la líder opositora María Corina Machado. Consultado sobre una eventual detención, respondió: “Todo tiene su momento. Nadie es intocable”, evocando casos previos como el del político Leopoldo López, detenido en 2014. La declaración fue interpretada por sectores opositores como una amenaza velada contra la dirigente.
Cabello también vinculó a amplios sectores de la oposición con redes criminales y el narcotráfico, insinuando que estas estructuras habrían financiado acciones para boicotear el proceso electoral del pasado 25 de mayo. Como prueba, mencionó un supuesto documento encontrado entre las pertenencias de Guanipa que delinearía ataques a sedes diplomáticas y organismos internacionales.
Además, el ministro informó sobre la detención de un ciudadano serbio presuntamente ligado al narcotráfico y al blanqueo de capitales, con cuentas superiores a los mil millones de dólares. Esta captura, dijo, forma parte de un plan integral contra el crimen organizado.
En paralelo, anunció el desmantelamiento de una banda denominada “Ya casi Venezuela”, presuntamente dedicada al secuestro y con objetivos políticos. Según Cabello, el grupo operaba contra funcionarios y familiares vinculados al oficialismo.
Las reacciones a las declaraciones del ministro no se hicieron esperar. Diversas ONG, así como voceros de la oposición, rechazaron enérgicamente las acusaciones. En comunicados públicos, insistieron en que estas acciones buscan justificar una nueva ola de represión política y desacreditar la labor de defensa de derechos fundamentales en el país.
En un contexto político ya polarizado y con escasa confianza en las instituciones, estas declaraciones refuerzan el clima de hostigamiento contra actores de la sociedad civil, al tiempo que consolidan la narrativa oficialista que equipara crítica política con amenaza a la seguridad del Estado.
Fuente: Infobae
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