El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, continúa promoviendo una de las iniciativas más comentadas de su gestión: el trabajo comunitario por parte de personas privadas de la libertad. Inspirado en políticas similares implementadas en El Salvador, el programa ha sido catalogado por algunos como una versión local del “modelo Bukele”, aunque con matices propios.
Desde diciembre de 2024, Bucaramanga se convirtió en pionera a nivel nacional con este proyecto que permite a reclusos participar activamente en el embellecimiento de espacios públicos, como parques, calles y zonas verdes. A través de esta labor, los internos pueden acceder a beneficios dentro de su proceso penitenciario.
“El modelo que iniciamos en Bucaramanga para que los privados de la libertad contribuyan a la comunidad con trabajo social ya se está replicando en otras regiones del país, lo cual nos llena de satisfacción”, destacó Beltrán en su cuenta de X (antes Twitter), donde publicó videos que muestran a los internos pintando muros y realizando labores de jardinería.
Beltrán subrayó que este tipo de programas permiten una mejor inversión de los recursos públicos: “Cada preso puede costar entre seis y doce millones de pesos al mes al Estado. Con esta iniciativa buscamos que, en lugar de estar inactivos, aporten positivamente a la sociedad”.
En sus redes sociales, el mandatario local ha compartido con orgullo imágenes de los avances del proyecto: “Embellecemos la ciudad, sembramos árboles y limpiamos las avenidas con ayuda de las segundas oportunidades”, escribió junto a los videos.
No obstante, el programa ha suscitado algunas dudas. Críticos señalan que la administración no ha detallado con precisión qué tipo de beneficios recibirán los internos ni cómo se evaluará el cumplimiento del trabajo realizado. Frente a ello, Beltrán ha respondido que lo fundamental es que los ciudadanos comprendan que se está rompiendo con el paradigma de “encerrar y olvidar”.
“Estamos devolviendo la confianza a los bumangueses: no solo estamos manteniendo reclusos, estamos creando oportunidades para que contribuyan a la recuperación del espacio público”, aseguró.
El programa también ha contado con el respaldo de otros mandatarios locales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha mostrado interés en replicar la experiencia en su ciudad.
Por su parte, el profesor Andrés Agudelo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explicó en diálogo con Infobae Colombia que este tipo de iniciativas pueden ser beneficiosas si se desarrollan dentro de un marco legal y ético sólido.
“Este modelo puede ser positivo si no se utiliza solo para mostrar resultados inmediatos de los mandatarios de turno, sino como parte de un proceso de resocialización real. Si se implementa correctamente, puede reducir el hacinamiento y ofrecer alternativas penales más humanas”, apuntó.
Agudelo también advirtió sobre el riesgo de estigmatización: “Exponer públicamente a estas personas puede reforzar prejuicios, sin importar la naturaleza de sus delitos. Por eso, estos programas deben ser manejados con responsabilidad y sensibilidad”.
En medio del debate, lo cierto es que Bucaramanga ha abierto una conversación nacional sobre nuevas formas de reinserción y uso del recurso penitenciario. El tiempo dirá si este modelo se consolida como ejemplo o advertencia en la política carcelaria colombiana.
Fuente: Infobae
.jpg)