A menos de un mes de las elecciones primarias de tres partidos políticos, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta una situación crítica debido a la drástica reducción del 61 % en su presupuesto, lo que amenaza con comprometer la imparcialidad y eficiencia del proceso electoral.
El TJE había solicitado para 2024 un presupuesto de 39 millones de lempiras para las elecciones primarias y 42 millones para los comicios generales. Sin embargo, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos aprobado para 2025 apenas asigna 31 millones de lempiras, dejando un vacío financiero que podría afectar directamente la administración de la justicia electoral.
Los fondos destinados a los entes electorales están incluidos en la partida confidencial 449, separada de los presupuestos ordinarios anuales. En el caso del TJE, su presupuesto operativo anual es de 69.6 millones de lempiras, cifra insuficiente para cubrir las necesidades extraordinarias de un año electoral.
La situación se agrava debido a la nueva Ley Procesal Electoral, que obliga al TJE a resolver los recursos presentados en un plazo máximo de 30 días. Sin los fondos necesarios, el cumplimiento de estos plazos está en serio riesgo.
El magistrado Mario Alberto Flores Urrutia denunció la reducción presupuestaria y anunció que solicitarán una reconsideración al Congreso Nacional.
“Estamos preocupados porque quienes analizaron nuestra solicitud no dimensionaron el impacto que tendrá esta reducción en la administración de la justicia electoral. Queremos garantizar una verdadera justicia, pero necesitamos los recursos para hacerlo”, declaró en HRN.
Flores Urrutia explicó que, aunque el TJE cuenta con 48 empleados en años no electorales, durante los comicios necesitan contratar personal temporal, alquilar instalaciones adicionales, adquirir equipos informáticos y cubrir gastos logísticos. Sin presupuesto suficiente, estas operaciones están comprometidas.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lamentó la falta de voluntad política para fortalecer las instituciones electorales.
“Esto refleja una escasa voluntad política para consolidar la democracia. Aunque la nueva Ley Procesal fortalece al TJE, sin recursos suficientes se corre el riesgo de retrasos en la resolución de disputas electorales”, señaló Aguilar.
Agregó que, sin un presupuesto adecuado, el TJE enfrentará dificultades para contratar personal, capacitar equipos y garantizar la eficiencia de los procesos.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, también se pronunció sobre la crisis.
“El TJE fue creado para dar certeza a los procesos electorales. Es inaceptable que enfrente dificultades incluso para tareas básicas como la impresión de carnets del personal. Esta situación socava la confianza en el sistema electoral”, afirmó Solórzano.
Advirtió que la falta de recursos podría prolongar la resolución de disputas, alimentando la percepción de que las decisiones están influenciadas por intereses políticos más que por la justicia.
La reducción del presupuesto del TJE representa un desafío crítico para la democracia hondureña. Sin los recursos necesarios, la capacidad del Tribunal para resolver disputas de manera oportuna y justa se ve seriamente comprometida, lo que podría generar incertidumbre, tensiones políticas y una mayor desconfianza ciudadana en el proceso electoral.
Fuente: Tiempo
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