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Nicaragua
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) ha enviado una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitando que preste atención a la situación de los presos políticos en Nicaragua. Aunque el país no es parte del Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, la organización espera que en el futuro, tras la restauración de un gobierno democrático, Nicaragua ratifique el tratado y los responsables de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia.
El Secretario Ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez Ayérdiz, expresó que, aunque Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, la organización confía en que en el futuro, con un cambio de régimen, se podría buscar la rendición de cuentas de los perpetradores de abusos contra los derechos humanos.
En su misiva, Calidh denuncia las condiciones inhumanas a las que están sometidos al menos 45 presos políticos nicaragüenses, quienes han sido encarcelados por expresar su oposición al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La carta detalla las torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos, como la falta de atención médica para los enfermos graves, el aislamiento en celdas calurosas y las golpizas, entre otras.
Uno de los casos más representativos es el de Fanor Alejandro Ramos, un exfrancotirador de la Policía que fue detenido en 2019 tras negarse a participar en la represión de las protestas contra el gobierno. Ramos fue sometido a diversas formas de tortura, incluyendo golpizas brutales, mordeduras de perros, quemaduras con cigarrillos y aislamiento en condiciones extremas, hasta su excarcelación en septiembre de 2023.
El caso de Ramos está siendo investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su historia es utilizada por Calidh como ejemplo de las atrocidades que se están cometiendo en Nicaragua. La organización pide a la CPI que incluya estos crímenes como parte de su agenda y considere todas las opciones legales disponibles para llevar a los responsables ante la justicia internacional.
Calidh también subraya que el crimen de lesa humanidad ha sido utilizado por el régimen como una herramienta para silenciar a la oposición, y denuncia la expulsión de más de 350 presos políticos entre 2022 y 2023 a destinos como Washington DC, Roma y Guatemala. Además, recuerda que más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinadas en 2018 durante las protestas que exigían la renuncia de Ortega y su esposa.
Actualmente, Nicaragua vive bajo un régimen que reprime cualquier forma de oposición, y la situación de los presos políticos sigue siendo una de las principales preocupaciones para organizaciones internacionales de derechos humanos como Calidh, que busca visibilizar estos crímenes ante los organismos internacionales competentes.
Fuente: La Prensa
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