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Costa Rica
A finales de octubre, en San José, jueces de toda América Latina se reunieron para expresar su preocupación ante los crecientes ataques a la independencia judicial en Costa Rica, provenientes del Poder Ejecutivo. Funcionarios judiciales de Guatemala, Argentina, México, El Salvador y Costa Rica señalaron que esta situación representa un desafío inusual para el sistema judicial costarricense.
En sus intervenciones, jueces y exfuncionarios como Haroldo Vásquez de Guatemala, Marcelo Gallo de Argentina, Adriana Orocú de Costa Rica, y Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subrayaron la relevancia de una justicia libre de presiones políticas, económicas o militares. La independencia judicial, explicaron, es el pilar que permite a los jueces resolver casos de manera imparcial, sin influencia externa, ya sea de sectores gubernamentales o privados.
Haroldo Vásquez, presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, indicó que en Costa Rica se observa un deterioro preocupante en la autonomía judicial. Según él, los gobiernos populistas o con inclinaciones mesiánicas tienden a interferir en el sistema judicial, presentándose como salvadores y justificando sus intervenciones. Para Vásquez, la independencia judicial es fundamental, ya que asegura que los ciudadanos reciban justicia imparcial y objetiva.
Marcelo Gallo, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, aclaró que la lucha por la independencia judicial no es para proteger privilegios gremiales, sino para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una justicia imparcial. Gallo explicó que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben respetar la independencia del Poder Judicial, ya que la función de los jueces es distinta a la de los políticos. Además, destacó que, en varios países de la región, el Poder Judicial actúa como contrapeso de las decisiones gubernamentales, función que los vuelve "incómodos" para algunos actores políticos.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, advirtió que el caso costarricense es un ejemplo de cómo un discurso populista puede deslegitimar el rol fundamental del Poder Judicial. Explicó que una judicatura independiente es esencial no solo para la justicia, sino también para garantizar la seguridad jurídica, necesaria para atraer inversión extranjera y mantener el estado de derecho. Además, indicó que los discursos de odio contra el Poder Judicial buscan debilitar su control sobre otros poderes.
Andrea Pochak, de la CIDH, enfatizó que la independencia judicial es indispensable para el funcionamiento democrático y la protección de los derechos humanos. La abogada argentina recalcó que esta independencia permite a jueces, magistrados y fiscales actuar sin presiones para resolver conflictos, garantizando así una justicia imparcial. Según Pochak, los ataques a la independencia judicial en Latinoamérica se han vuelto más evidentes en los últimos años, intensificando la necesidad de defender este derecho.
Los jueces latinoamericanos coinciden en que la independencia judicial es un bastión democrático que debe protegerse ante la creciente presión de algunos gobiernos de la región, y Costa Rica no es la excepción en esta problemática sistemática.
Fuente: Nación
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