El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha planteado una solución innovadora frente al creciente problema de la delincuencia en la ciudad: utilizar cuarteles abandonados como prisiones temporales para los extorsionadores y delincuentes vinculados al "terrorismo urbano". Esta propuesta surge como parte de un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la inseguridad, que también ha sido respaldada por su partido, Renovación Popular (RP), el cual ya presentó algunas iniciativas ante el Congreso de la República.
En una reciente conferencia de prensa, López Aliaga señaló que estas propuestas, dirigidas al gobierno de Dina Boluarte, buscan ser implementadas a nivel nacional y no solo en Lima. Según el alcalde, son medidas de fácil ejecución y algunas de ellas ya se han planteado al Ejecutivo desde hace más de un año, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria.
El plan de López Aliaga incluye ocho acciones de largo plazo para mejorar la seguridad ciudadana. Entre ellas, destacó la necesidad de equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP) con motocicletas, camionetas y drones, asegurando además su mantenimiento preventivo por al menos tres años. Esto, según explicó, ya se ha realizado en Lima y podría replicarse a nivel nacional.
Otra propuesta relevante es la reactivación y fortalecimiento del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que fue clave en la lucha contra el terrorismo en décadas pasadas. El alcalde insistió en la importancia de dotar a este grupo con los recursos necesarios para combatir las redes de extorsionadores que operan en el país.
Entre las iniciativas más controversiales, López Aliaga mencionó el endurecimiento de las políticas migratorias, proponiendo la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros capturados en flagrancia. Además, sugirió el fortalecimiento de programas de recompensas para facilitar la captura de líderes criminales involucrados en extorsión y sicariato.
Una de las propuestas más destacadas fue la creación de cárceles temporales en cuarteles militares desocupados. Según el alcalde, esta medida es urgente dado el déficit de centros penitenciarios en el país y la facilidad con la que los reclusos acceden a teléfonos móviles desde las cárceles actuales para seguir extorsionando a ciudadanos.
López Aliaga citó como ejemplo el penal de San Jorge, que podría ser reutilizado para albergar a delincuentes peligrosos que actualmente amenazan a la población con actos violentos como la colocación de granadas en negocios y viviendas.
Finalmente, el alcalde subrayó la necesidad de implementar el uso de grilletes electrónicos para personas condenadas por delitos menores, como el incumplimiento de pensión alimenticia o fraude, lo cual ayudaría a reducir el hacinamiento en las prisiones del país. También mencionó que su bancada ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar con cárcel a fiscales y jueces corruptos que liberen a delincuentes capturados en flagrancia.
Fuente: Gestión