Perú
El avance de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal propuesto por el Congreso de la República y el Ejecutivo de Dina Boluarte ha generado una fuerte inquietud dentro del sistema de justicia en Perú. Los magistrados advierten sobre los efectos adversos que estas modificaciones podrían tener en la separación de poderes y la autonomía del poder judicial.
Frente a esta situación, jueces y fiscales en Lima y otras regiones han decidido alzar la voz para advertir que las acciones de la mayoría parlamentaria amenazan la independencia judicial, lo que a su vez pone en riesgo la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada en el país.
La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro hizo pública su postura a través de las redes sociales del Ministerio Público, manifestando su oposición a la Ley N° 32,130, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la responsabilidad de investigar delitos y concede mayores garantías procesales a los investigados.
En un comunicado emitido el 10 de octubre de 2024, la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, presidida por Katharine Borrero Soto, anunció que se había reunido para discutir la aplicación de esta ley. Acordaron mantener las atribuciones del artículo 159, inciso 4, de la Constitución y emitir instrucciones para fortalecer la labor fiscal. También hicieron un llamado a la Junta de Fiscales Supremos y al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, para que se tomen medidas en defensa del mandato constitucional, lo que implica la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Los fiscales provinciales de Lima no son los únicos en expresar su preocupación. En diversas jurisdicciones, se están realizando reuniones para evaluar las acciones a seguir frente a la Ley 32,130 y la dirección que deben tomar las investigaciones penales según lo establecido por la Constitución.
El viernes, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca informó sobre una reunión de coordinación con el fiscal de la Nación y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional. Durante este encuentro, se comunicó que se está revisando un instructivo general para establecer lineamientos sobre la aplicación de la ley modificada, que tiene como objetivo fortalecer las funciones de la PNP y acelerar los procesos penales. Se prevé que este instructivo sea aprobado y publicado en breve.
La comunicación también instó a los fiscales a actuar con cautela ante el nuevo marco normativo, para asegurar que se respete la posición institucional reflejada en el futuro instructivo, en concordancia con el principio de jerarquía que rige al Ministerio Público.
Por otro lado, el 9 de octubre, un grupo de jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima organizó un plantón en las puertas del Palacio de Justicia para denunciar las reformas impulsadas por el Congreso. Al día siguiente, en una reunión plenaria, expresaron su preocupación y rechazo ante cualquier disposición legal que amenace la independencia del Poder Judicial y su capacidad para combatir la delincuencia.
En su pronunciamiento, los jueces hicieron un llamado al respeto de los principios democráticos, como la separación y división de poderes, elementos fundamentales para un Estado Constitucional de Derecho que garantice jueces independientes e imparciales. Además, criticaron el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Carrera Fiscal, así como el Código Penal, estableciendo sanciones para jueces cuyas decisiones sean revocadas por instancias superiores.
También expresaron su alarma ante la consideración de trece proyectos de ley que pretenden alterar el Código Procesal Constitucional, eliminando el proceso cautelar y la ejecución inmediata de sentencias cuando el Congreso esté involucrado. Los jueces subrayaron que estas modificaciones podrían comprometer la responsabilidad del Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Mientras el debate sobre estas reformas se intensifica en la Corte Superior de Justicia de Lima, la Corte Suprema de Justicia permanece en silencio ante los intentos de la mayoría parlamentaria por socavar legalmente la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Fuente: La República
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