Este jueves, el Ministerio Público de Honduras acusó al exalcalde de Tegucigalpa y actual precandidato presidencial, Nasry Asfura, junto a otros siete exfuncionarios, por presunto lavado de activos, malversación de fondos públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de deberes públicos.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), una dependencia del Ministerio Público, presentó una solicitud formal para que la justicia actúe contra Asfura y los otros acusados, según un comunicado emitido por la Fiscalía.
En su denuncia, la Uferco expone un supuesto esquema orquestado para desviar fondos públicos, que culminó en el lavado de dinero, ejecutado por ex empleados de la Alcaldía de Tegucigalpa. Según las investigaciones, un total de 28,5 millones de lempiras (equivalente a 1,14 millones de dólares) habrían sido "desviados de manera sistemática y premeditada" para beneficio personal y de terceros.
Se menciona que Asfura, quien ocupó la alcaldía de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, junto a Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, es presuntamente responsable de los delitos mencionados. Por su parte, Mario Zerón y Rony López son acusados de fraude y violación de deberes, mientras que Wilmer Rodríguez y Roger Amador enfrentan cargos de lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos, y Óscar Uriarte está acusado solo de lavado de activos.
Las indagaciones indican que el desvío de fondos tuvo lugar entre 2017 y 2018, mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Asfura, Borjas y Castillo, solicitados al banco que administraba el fideicomiso de la Alcaldía. Dichos cheques, justificados como "fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos", fueron presuntamente depositados en cuentas personales de los acusados y luego utilizados para beneficiar a individuos y empresas vinculadas al exalcalde.
Además, la acusación sostiene que parte del dinero se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura y su familia, y adquirir artículos personales como joyas.
La Fiscalía había solicitado en octubre de 2020 la pérdida de inmunidad de Asfura, quien en ese momento también se postulaba a la presidencia. Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, afirmó en 2020 que contaban con pruebas que respaldaban el desvío de más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales para beneficios personales.
El 1 de junio de 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras revocó temporalmente un fallo de febrero de ese año que había aceptado la solicitud de antejuicio contra Asfura.
Fuente: SWI