Venezuela
Las actas de los resultados de las recientes elecciones en Venezuela continúan siendo un punto crítico en la crisis de legitimidad que enfrenta el Gobierno de Nicolás Maduro desde hace dos meses. La comunidad internacional sigue demandando estas actas como parte del proceso de reconocimiento de la reelección del líder chavista en los comicios del 28 de julio. La oposición ha publicado versiones de estas actas en un sitio web accesible a ciudadanos, analistas y periodistas, afirmando que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 67% de los votos. Este miércoles, el Centro Carter, que envió un equipo de observadores a las elecciones, presentó estas actas ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
“Estos documentos son fundamentales. Acabo de recibir las versiones originales enviadas por correo internacional. Se trata de actas auténticas de Venezuela”, declaró Jennie Lincoln, jefa de la misión electoral del Centro Carter. Lincoln respaldó la afirmación de la oposición de que Edmundo González fue el ganador.
El Centro Carter había emitido previamente un contundente informe preliminar, indicando que el proceso electoral en Venezuela no cumplía con los estándares democráticos, según las observaciones de 17 expertos desplegados en varias ciudades, como Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Durante la sesión de la OEA, Lincoln destacó que, a pesar de que el sistema electoral venezolano es electrónico, las máquinas imprimen actas que son entregadas a los representantes de todos los partidos, al Plan República (el contingente militar que custodia el proceso) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro sin mostrar estas actas.
“Las actas son documentos públicos enviados al CNE. Se imprimen copias de inmediato en cada mesa y se entregan a todos los testigos electorales y observadores. Todos los partidos pueden calcular los resultados basándose en las actas de las 30,000 mesas. Estas actas han sido analizadas tanto por la oposición como por misiones internacionales independientes, confirmando que son originales y que Edmundo González ganó con más del 60% de los votos”, explicó Lincoln, mostrando ejemplos de las actas y señalando sus códigos de seguridad que garantizan su autenticidad.
En la sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el proceso electoral, describiéndolo como una “serie de las peores violaciones” posibles. “No fue ni libre, ni justo, ni transparente; se realizó en violación de acuerdos firmados”, refiriéndose a los acuerdos de Barbados, en los cuales el Gobierno de Maduro se comprometió a permitir la participación de todos los candidatos. Sin embargo, se inhabilitó a la principal rival de Maduro, María Corina Machado, quien fue reemplazada por González.
El CNE ha incumplido con la obligación de publicar los resultados desglosados por mesa en su sitio web y en la Gaceta Electoral, como establece la ley, 30 días después de las elecciones. Maduro, al proclamarse ganador, llevó el conflicto ante el Tribunal Supremo, donde los magistrados realizaron un peritaje para validar los resultados que le han permitido mantenerse en el poder. Este proceso fue ejecutado en solo quince días, mientras que la televisión estatal mostró a supuestos expertos manipulando documentos en un ambiente controlado, a excepción de la coalición opositora que respalda a González.
Ante las crecientes sospechas de fraude, el Gobierno de Maduro tomó medidas drásticas, reprimiendo protestas y encarcelando a más de 1,700 personas tras los comicios. También atacó a la oposición por publicar copias de las actas obtenidas de un 83.5% de las mesas, enfrentando dificultades durante la noche de las elecciones. El oficialismo argumenta que solo el CNE puede anunciar resultados, a pesar de que en 2013 el Partido Socialista Unido de Venezuela también compartió actas en su sitio web. Además, han alegado que los documentos difundidos por la oposición son falsificaciones, lo que llevó a una investigación penal y a una orden de captura contra González, quien se vio forzado a exiliarse en Madrid a principios de septiembre.
Fuente: El País
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