Costa Rica
El diputado del partido Nueva República, David Segura, expresó que “ningún trabajador en Costa Rica debe ser forzado a participar en capacitaciones LGTBI que atenten contra su libertad de pensamiento y conciencia”.
Según Segura, “lo que se ha hecho con los empleados públicos en Costa Rica es una violación a los derechos humanos de quienes no aceptan las ideas impuestas por agendas globalistas”.
“El Estado no puede coartar la libertad de pensamiento de ninguna persona. Ningún costarricense debe ser obligado a cambiar su forma de pensar. Sin embargo, esto ha sido una realidad desde el 2014, cuando se implementó una política supuestamente antidiscriminación hacia personas LGBTI en instituciones públicas”, afirmó el legislador.
Segura argumentó que “en realidad, esta política resultó discriminatoria para quienes no compartimos esas ideas. En ese momento, todos los funcionarios públicos fueron obligados a tomar un curso LGTBI que, para muchos, contradecía sus valores y principios. Esto motivó a varios de ellos a recurrir a la Sala Constitucional”.
“Hace pocos días, tras cuatro años de espera, la Sala Constitucional emitió una sentencia que avala la obligatoriedad del curso, siempre que se permita a los funcionarios ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, explicó.
El diputado destacó que “gracias a la lucha de Nueva República, en el periodo legislativo anterior se logró incluir un artículo en la Ley Marco de Empleo Público que protege la objeción de conciencia de los funcionarios públicos”.
Segura celebró que la Sala Constitucional ratificara que “la objeción de conciencia actúa como un límite para que los poderes públicos no interfieran en las convicciones personales. Específicamente, la sentencia reconoce que los funcionarios pueden apartarse de un mandato que contradiga sus creencias sin asumir responsabilidades por ello”.
El legislador enfatizó que la libertad de pensamiento y de conciencia es esencial para la identidad de las personas, sean creyentes, ateas, agnósticas o escépticas. “El Estado, como patrono, no es dueño de la libertad de pensamiento ni de conciencia de sus trabajadores”, añadió.
Por último, Segura advirtió sobre el proyecto del Partido Frente Amplio, conocido como “terapias de conversión”, que, según él, representa una amenaza a la libertad de pensamiento, expresión, ideología y religión, no solo de los funcionarios públicos, sino de toda la población costarricense.
“No más imposiciones de ideologías que son ajenas a nuestras convicciones y que vulneran las libertades fundamentales en las que se basa un Estado democrático”, concluyó.
Fuente: El Mundo CR
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