Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa dieron su visto bueno la noche del miércoles para destinar ¢10.808 millones a la creación de 548 nuevos puestos de trabajo en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Un total de ocho diputados apoyaron la decisión de redistribuir recursos de la partida asignada por el gobierno para el pago de intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025. Los legisladores argumentaron que el Ministerio de Hacienda había sobreestimado dicha partida y que era fundamental reforzar las instituciones encargadas de la seguridad, dada la preocupante situación de inseguridad en el país.
En oposición, las diputadas Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se manifestaron en contra de la propuesta.
La Comisión de Hacendarios aprobó los cambios presupuestarios mediante tres mociones. La primera asignó ¢7.013 millones adicionales al OIJ para la contratación de 255 nuevos funcionarios, quienes desempeñarán funciones como personal de soporte e investigadores.
En una segunda moción, se destinaron ¢5.100 millones al Ministerio de Seguridad Pública para la creación de 220 plazas en la Fuerza Pública.
La tercera moción permitió agregar ¢2.295 millones al Ministerio Público, lo que permitirá la creación de 73 nuevos puestos.
El 2 de octubre, Randall Zúñiga, director del OIJ, y Carlo Díaz, fiscal general, solicitaron a los legisladores incrementar el personal de ambas instituciones para hacer frente a la creciente violencia generada por el crimen organizado en el país.
Por otro lado, Mario Zamora, ministro de Seguridad, declaró el 30 de septiembre a La Nación que su cartera no tenía planes de aumentar la plantilla de la Fuerza Pública, a pesar de que en 2023 se registró un récord histórico de 907 homicidios, cifra que, según estimaciones del OIJ, podría cerrar entre 880 y 900 en este año.
Para financiar la creación de estas plazas, los legisladores optaron por usar los recursos de la partida de intereses, rechazando la propuesta del diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien propuso destinar fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Feinzaig presentó tres mociones que fueron desestimadas por la mayoría, las cuales asignaban la misma cantidad de recursos a las instituciones mencionadas, pero con una fuente de financiación alternativa.
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, criticó a sus colegas por continuar aprobando mociones que afectan el pago de intereses de la deuda interna. A pesar de ello, apoyó en una sesión anterior una moción del diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), que redirigía ¢4.900 millones del pago de intereses al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la adquisición de terrenos destinados a la nueva carretera hacia San Carlos, ruta nacional 35.
Además, los diputados aprobaron otras dos mociones, cada una por ¢1.500 millones, que destinarán recursos adicionales al Ministerio de Justicia y Paz para el manejo de personas privadas de libertad, así como a la Policía de Migración y Extranjería para cubrir gastos de equipamiento, alimentación, mantenimiento y transporte.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, advirtió el 11 de septiembre a la Comisión de Hacendarios que el presupuesto para 2025 comenzará con un déficit, a pesar de que se espera un aumento en la población carcelaria. En particular, se reportaron reducciones de ¢10.082 millones en la partida para la compra de alimentos y bebidas, y de ¢2.195 millones para el pago de servicios de agua y alcantarillado. Asimismo, se registraron caídas de ¢673 millones y ¢492 millones en los rubros de energía eléctrica y vestuarios, respectivamente.
Fuente: Nación