Carlo Díaz, Fiscal general de Costa Rica denuncia pagos en bitcóins y uso de vehículos decomisados para espionaje

 
Costa Rica

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, generó gran revuelo el jueves durante su comparecencia ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. En este escenario, el jefe del Ministerio Público realizó varias afirmaciones que dejaron su huella en la política nacional:

Díaz reveló haber recibido información confidencial sobre una suma de $350.000 (aproximadamente ¢182 millones) destinada a una campaña para desprestigiarlo, relacionada con sus investigaciones sobre presunta corrupción en el gobierno. Esta misma campaña, según él, también buscaba desacreditar a la Sala Constitucional (Sala IV) tras su declaración de inconstitucionalidad de la denominada “ley jaguar”.

El fiscal aseguró que tiene pruebas en forma de pantallazos sobre el pago de seis bitcóins para financiar una granja de troles. La información fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para su análisis.

Otro punto destacado de su intervención fue la revelación de una investigación del Ministerio Público sobre el presunto uso de vehículos confiscados al narcotráfico, administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para realizar vigilancia ilegal. Según Díaz, estos vehículos habrían sido utilizados para espiar a diputados, magistrados, e incluso a él mismo.

Díaz mencionó que, tras los allanamientos relacionados con las investigaciones sobre presunta corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), notó la presencia de un individuo sospechoso cerca de su domicilio.

Durante su comparecencia, el fiscal general también criticó a funcionarios del gobierno por no haber sido invitados a un seminario de la DEA sobre narcotráfico en Atenas, Grecia. Según él, este hecho debería causarles vergüenza. En sus palabras: “Vergüenza les debería dar a los que no invitó la DEA. Me daría vergüenza que la DEA no me invitara, como fiscal general”.

Estas declaraciones fueron una respuesta a las críticas que ha recibido desde el Ejecutivo, tras los allanamientos por contratos supuestamente irregulares adjudicados por la CCSS.El fiscal también aprovechó el espacio para aclarar los detalles de su viaje al seminario de la DEA, en el que estuvo acompañado por su pareja, quien también es fiscal auxiliar. Explicó que él mismo pagó el boleto de avión de su acompañante, quien viajó con un permiso sin goce de salario. La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó este hecho, lo que generó un tenso intercambio.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves también había criticado la relación del fiscal durante una conferencia, argumentando que Díaz debió haber reportado formalmente su vínculo sentimental con la funcionaria.

Tras las revelaciones del fiscal general, el plenario legislativo aprobó una moción para investigar si existe alguna relación entre el gobierno y el crimen organizado. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico será la encargada de llevar adelante esta investigación. La moción fue aprobada con 38 votos a favor y seis en contra, todos estos últimos de diputados oficialistas.

Diputados de oposición, entre ellos Vanessa Castro (PUSC), Eliécer Feinzaig (PLP) y Francisco Nicolás (PLN), denunciaron haber recibido amenazas de los legisladores oficialistas Pilar Cisneros y Alexánder Barrantes. Estas amenazas surgieron tras la comparecencia del fiscal y la aprobación de la moción investigativa. Ambos legisladores del oficialismo admitieron sus declaraciones, pero las enmarcaron como una referencia a los “cobros” que haría el electorado en las elecciones de 2026.

Fuente: La Nación

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