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Representantes del Comité por la Libertad de Jorge Glas y del Grupo de Puebla han solicitado este viernes a las autoridades ecuatorianas permitir la visita de organismos internacionales para evaluar el estado de salud del exvicepresidente de Rafael Correa, actualmente recluido en La Roca, una cárcel de máxima seguridad, tras su arresto en el asalto policial a la Embajada de México el pasado 5 de abril.
El llamado fue hecho desde los exteriores de la prisión en Guayaquil por el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti, coordinador del Comité, y el chileno Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla. Ambos se encontraban allí para visitar a Glas, pero no pudieron concretar la visita debido a la falta de autorización.
“Estamos muy preocupados por la situación de Jorge Glas y la negativa a permitir nuestra visita, a pesar de haber cumplido todos los requisitos, genera muchas dudas”, declaró Llorenti.
Los representantes llegaron al complejo carcelario alrededor de las 11:30 hora local (16:30 GMT) y fueron informados por un oficial de que no se les permitiría el ingreso, ya que la única visita autorizada era la del abogado del exvicepresidente, quien no estaba presente.
Enríquez-Ominami expresó que informarían de inmediato a los miembros del Grupo de Puebla, un foro de representantes de la izquierda latinoamericana y europea. “Nunca en la historia de Chile, durante la dictadura de Pinochet, se invadió una embajada de esta manera. Lo que ocurrió en Ecuador es sin precedentes y no podemos ignorarlo”, afirmó.
El impedimento de entrada a la cárcel fue calificado por Enríquez-Ominami como “una nueva evidencia de abuso judicial”, argumentando que “toda persona tiene derecho a visitas”.
El Comité anunció su intención de presentar “una denuncia de carácter internacional” sobre la situación de Glas y presionar al Gobierno ecuatoriano para permitir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, con el fin de que inspeccionen las condiciones en que se encuentra el exvicepresidente.
Previamente a la visita, Sacha Llorenti explicó en una rueda de prensa que el Comité se formó tras la detención de Glas para condenar el hecho y exigir que el Gobierno ecuatoriano le otorgue “un salvoconducto en el marco del derecho internacional” para su entrega a México, que le había concedido asilo diplomático antes de su arresto.
Llorenti denunció que el Estado estaría “induciendo al suicidio” de Glas al recetarle “más de 40 pastillas diarias”, causando efectos adversos como somnolencia y dificultad para dormir. También alegó que Glas sufre de alucinaciones y depresión, responsabilizando al presidente Daniel Noboa de la “vida e integridad personal” del exvicepresidente.
Glas, un alto funcionario del Gobierno de Correa que ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017 y durante los primeros meses del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), ingresó a la sede diplomática de México en diciembre de 2023 mientras enfrentaba cargos por presunto peculado relacionado con la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Su detención fue ordenada por un juez antes de que México le concediera asilo diplomático.
Glas también estaba cumpliendo una pena de ocho años por corrupción, por la que ya había purgado cinco años de prisión antes de su liberación mediante una polémica resolución judicial.
México y Ecuador se han demandado mutuamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los eventos del 5 de abril, con acusaciones de violaciones a convenios y normas internacionales.
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