Boric impulsa la derogación de la Ley de Amnistía para crímenes de lesa humanidad en el 51° aniversario del Golpe de Estado

 
Chile

En el marco de los 51 años del Golpe de Estado en Chile, el Presidente Gabriel Boric anunció una importante iniciativa destinada a derogar la Ley de Amnistía, para así excluir los crímenes de lesa humanidad de cualquier tipo de indulto o perdón. Durante un emotivo discurso en el Palacio de La Moneda, Boric destacó que es imperativo que estas violaciones a los derechos humanos no queden impunes, subrayando la importancia de la memoria histórica en el país.

Boric recordó los dolorosos eventos vividos durante el golpe y el impacto que aún persiste en muchas familias chilenas, especialmente aquellas que desconocen el paradero de sus seres queridos. “Nos quedan todavía más de 1.100 compatriotas que no sabemos dónde están”, expresó, haciendo hincapié en los avances del Plan de Búsqueda en el último año.

El proyecto de derogación, presentado originalmente durante el mandato de Michelle Bachelet, ahora contará con suma urgencia para acelerar su tramitación. Boric reiteró el compromiso de su gobierno con la democracia y los derechos humanos, tanto en Chile como en el resto del mundo.

El acto en La Moneda también incluyó la participación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien recordó a su padre, José Tohá, ministro durante el gobierno de Salvador Allende y asesinado al inicio de la dictadura. Además, Boric mantuvo encuentros privados con familiares de otros exministros de Allende, como Carlos Prats y Orlando Letelier.

En la tarde, el Presidente visitó el Memorial de Paine, un lugar de especial significado debido a la desaparición y ejecución de 70 personas de la comuna, la mayoría campesinos involucrados en la Reforma Agraria. Desde ese sitio, Boric pidió perdón en nombre del Estado chileno a las familias afectadas, reconociendo que el Estado no estuvo a la altura desde el retorno de la democracia.

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Boric también lamentó recientes declaraciones de sectores políticos que han minimizado la necesidad de un mea culpa en torno a los eventos de 1973, señalando que la violencia y las violaciones a los derechos humanos nunca pueden ser justificadas.

En paralelo, el gobierno adelantó su intención de aumentar el presupuesto destinado a los sitios de memoria, en un esfuerzo por mantener viva la historia y evitar que tragedias como las vividas bajo la dictadura vuelvan a repetirse. Esta decisión ha generado críticas desde sectores de la oposición, quienes sugieren que los recursos deberían destinarse a otras áreas prioritarias como la seguridad o la salud pública.

La conmemoración de este aniversario no solo ha reabierto heridas, sino que también ha generado un debate en torno a la importancia de la memoria histórica y el rol que debe jugar el Estado en garantizar justicia para las víctimas del pasado.

Fuente: Nodal

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