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Diversos presidentes latinoamericanos y defensores internacionales de los derechos humanos expresaron este jueves su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratifica los resultados de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.
Los primeros en manifestar su desacuerdo fueron los presidentes de Chile y Uruguay, quienes luego fueron respaldados por sus homólogos de Paraguay y Guatemala.
Gabriel Boric, presidente de Chile, denunció que el TSJ ha consolidado un "fraude electoral", afirmando que su país "no reconoce" lo que calificó como el "falso triunfo autoproclamado de Maduro" y calificando la sentencia como "infame". Boric subrayó que Venezuela está bajo una dictadura que "falsea elecciones", reprime a los disidentes y es indiferente ante una crisis humanitaria comparable solo con la de Siria.
Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, acusó al gobierno de Maduro de confirmar el fraude, describiendo la situación como una dictadura que cierra las puertas a la vida democrática de su pueblo. Instó a continuar defendiendo la causa venezolana y a no permanecer en silencio.
Santiago Peña, presidente de Paraguay, consideró "inaceptable" validar resultados sin una revisión exhaustiva e independiente de los votos. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, reiteró que el régimen de Maduro no es democrático y rechazó su fraude.
La oposición venezolana denunció que la Sala Electoral del TSJ validó un "fraude electoral" usurpando funciones del Poder Electoral, considerando la sentencia como "nula" tras un proceso de revisión opaco dirigido por un TSJ que es percibido como un apéndice del Ejecutivo. Maduro había solicitado al TSJ una "investigación" para certificar y validar los resultados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había proclamado a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero aún no ha divulgado los resultados detallados. La oposición, que ha publicado copias de actas, asegura que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, habría ganado con más del 67% de los votos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recordó que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha alertado sobre la "falta de independencia e imparcialidad" del TSJ y del CNE. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticó la decisión del TSJ como un "intento burdo de encubrir el fraude electoral" y destacó la necesidad de una verificación creíble por un "tercero imparcial".
La organización WOLA también instó a la comunidad internacional a exigir una verificación "transparente e independiente" y a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, criticó la falta de independencia e imparcialidad en la decisión del TSJ.
A pesar de la misión técnica del Centro Carter, que fue cuestionada por el gobierno, se descartó que pudiera llevar a cabo una verificación independiente. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, advirtió que se "exigirá cuentas" a quienes permitan el "fraude electoral" y la represión en Venezuela, y que Washington podría imponer sanciones a funcionarios venezolanos y sus familiares.
Las protestas masivas resultaron en actos violentos, con un balance oficial de 25 muertos y al menos 2000 detenidos, muchos de ellos acusados de terrorismo. Países como Brasil y Colombia, que han intentado sin éxito desbloquear la crisis política en Venezuela, han solicitado la publicación de "todas las actas originales" y una verificación imparcial de los resultados. También han expresado preocupación por la creciente represión.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que debía ser confidencial pero fue publicado, criticó la gestión de los resultados por parte de la autoridad electoral, señalando una falta de "transparencia e integridad" esenciales para elecciones creíbles. El gobierno, por su parte, ha rechazado el informe como "plagado de mentiras".
Fuente: Voz de América
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