Paro indefinido en el Poder Judicial de México: empleados rechazan reforma de AMLO

 

México

Trabajadores de diversas áreas del Poder Judicial en México han comenzado un paro indefinido este lunes con el objetivo de frenar el avance de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que entre sus puntos principales propone la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, ha generado una fuerte oposición entre los empleados del sector.

En al menos 16 estados del país, empleados judiciales realizaron clausuras simbólicas de las sedes del Poder Judicial, manifestando su rechazo a la iniciativa que fue enviada al Congreso en febrero de este año. Los manifestantes advierten que la reforma podría poner en riesgo sus derechos laborales y afectar negativamente la carrera judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que, tras una votación interna, los magistrados y jueces federales decidieron sumarse al paro nacional a partir del primer minuto del miércoles. En la votación, 1,202 miembros apoyaron la suspensión de actividades, mientras que 201 se pronunciaron en contra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también anunció la suspensión de su sesión programada para este martes, argumentando que los ministros sostendrán una reunión privada para discutir la situación. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre el contenido de esta reunión.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero también criticó a quienes se han sumado al paro. "La reforma que proponemos no afecta a los trabajadores; al contrario, los beneficia. Nuestro objetivo es combatir la corrupción y los privilegios, no atacar a los trabajadores", señaló el mandatario.

El paro se produce tras la aprobación del proyecto de dictamen de la reforma judicial por parte del bloque oficialista, que será presentado a la nueva Legislatura el 1 de septiembre. Ignacio Mier, líder del oficialismo en la Cámara de Diputados, destacó que la nueva propuesta incluye más de un centenar de modificaciones respecto al proyecto original de López Obrador.

Uno de los cambios más significativos es la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular, lo que implicaría una modificación al artículo 95 de la Constitución. Según esta iniciativa, los jueces serían elegidos por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.

Además, la nueva reforma plantea eliminar el sistema meritocrático que actualmente regula el ascenso dentro del Poder Judicial. Este sistema, establecido por la Ley de Carrera Judicial, se basa en concursos de oposición y formación continua para asegurar que los ascensos se otorguen por mérito y experiencia.

La reforma permitiría que cualquier persona con un título en Derecho y experiencia mínima pueda postularse para ser juez o magistrado, siempre que cumpla con ciertos requisitos establecidos en el artículo 97 de la iniciativa. Entre estos, ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años de edad para magistrados y 30 años para jueces de distrito, poseer un título en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y contar con cinco años de experiencia en un área jurídica.

El presidente López Obrador, cuyo mandato concluirá el próximo 30 de septiembre, ha criticado repetidamente al Poder Judicial, acusando a jueces y magistrados de corrupción. Su reforma propone que todos los jueces del país, tanto estatales como federales, así como los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, sean elegidos mediante voto popular.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha expresado su apoyo a la propuesta de López Obrador, que también incluye la creación de un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces, en reemplazo del Consejo de la Judicatura Federal.

La oposición ha solicitado que la reforma sea implementada de manera gradual para no comprometer la independencia y autonomía del Poder Judicial. La comisión legislativa tiene previsto discutir el proyecto de dictamen el 22 de agosto, antes de enviarlo a la nueva Legislatura en septiembre.

Fuente: CNN

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