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El régimen de Nicaragua ha vuelto a tomar medidas drásticas contra las organizaciones no gubernamentales (ONG), al ordenar la cancelación de la personería jurídica de 1,500 asociaciones que operaban en el país, incluyendo grupos católicos, defensores de la diversidad sexual, entidades educativas, sociales y asociaciones de militares retirados. Este acto, sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua, se une a una serie de acciones que han resultado en la disolución de más de 5,200 ONG desde las protestas populares que comenzaron en abril de 2018.
La orden de cierre fue emitida por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Según el Ministerio del Interior, la decisión se tomó debido al incumplimiento de estas organizaciones de las leyes que las regulan, específicamente por no haber presentado sus estados financieros durante períodos que varían entre 1 y 35 años. Estos reportes, que debían incluir desgloses detallados de ingresos, egresos, y donaciones, así como la composición de sus juntas directivas, fueron exigidos como parte de las regulaciones fiscales vigentes.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció pocos días antes que las ONG en el país ahora tendrán que operar bajo un nuevo modelo denominado “alianzas de asociación”, lo que implica que deberán colaborar estrechamente con instituciones estatales para ejecutar sus proyectos. Este nuevo marco regulatorio refuerza el control del gobierno sobre la sociedad civil, limitando aún más la independencia de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
El proceso de traspaso de bienes de estas ONG al Estado será gestionado por la Procuraduría General de la República, lo que incluye tanto propiedades muebles como inmuebles. Entre las organizaciones afectadas se encuentran la Asociación Caritas Diocesana de Granada, la Asociación Mariana del Santuario de la Virgen de Cuapa, y la Asociación Tabernáculo Bautista de Nicaragua, entre muchas otras.
Algunos miembros del partido sandinista, como el diputado Filiberto Rodríguez, han justificado estas medidas argumentando que muchas de estas ONG utilizaron fondos provenientes de donaciones para financiar intentos de derrocar al presidente Daniel Ortega durante las protestas de 2018. También se ha señalado que la ilegalización de estas entidades forma parte de un proceso de “ordenamiento”, ya que no todas las ONG registradas en el país estaban activas.
Nicaragua sigue sumida en una profunda crisis política y social desde abril de 2018, crisis que se agudizó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo, en medio de un contexto de represión y persecución de sus principales oponentes políticos.
Fuente: Infobae
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