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El Congreso Nacional está inmerso en un intenso debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la edad de imputabilidad como el tema central. En las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, se analizaron 16 proyectos de ley que proponen diversas modificaciones a la normativa vigente, que actualmente establece la imputabilidad a partir de los 16 años.
El Ejecutivo ha presentado un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, pero el bloque de La Libertad Avanza (LLA) va aún más allá, proponiendo bajar la edad a los 12 años. Según Álvaro Martínez, diputado de Mendoza por LLA, la medida tiene un carácter disuasivo y se basa en ejemplos de otros países latinoamericanos como Brasil, México, Ecuador, y El Salvador, donde la imputabilidad también comienza a los 12 años. Martínez señaló que la actual legislación, heredada de la dictadura, es punitivista y no respeta los derechos humanos, por lo que es imprescindible su actualización.
Por otro lado, Unión por la Patria defiende mantener la edad de imputabilidad en los 16 años, argumentando que una reducción no garantiza una mejora en la seguridad. La diputada Natalia Zaracho subrayó que su propuesta busca una intervención integral del Estado en tres etapas, con el objetivo de prevenir la reincidencia de los menores en el delito. Zaracho destacó que, según estadísticas internacionales, menos del 1% de los delitos graves son cometidos por menores de edad, por lo que no considera la cárcel como la única solución.
El radicalismo, representado en el debate por el diputado correntino Manuel Aguirre, aboga por una posición intermedia, proponiendo que la imputabilidad comience a los 14 años. Aguirre resaltó la necesidad de evaluar la madurez mental del menor y su capacidad para comprender el alcance de sus actos. Además, propuso una pena máxima de 12 años para los menores y un refuerzo en la financiación de los institutos de menores, asegurando que se les brinde acceso a educación primaria y secundaria.
El debate continúa en el Congreso, con distintas posturas que reflejan las tensiones entre la necesidad de actualizar una ley considerada obsoleta y la preocupación por los derechos y el futuro de los jóvenes involucrados en situaciones delictivas. La discusión seguirá en los próximos días, con la expectativa de alcanzar un consenso antes del viernes, cuando concluye la ronda de exposiciones.
Fuente: Diario Época
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