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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó hoy en lo general el dictamen de reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación (PJF). Este dictamen, de ser aprobado, permitiría la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular a partir de 2025, y reduciría de 11 a 9 los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma también establece que los juicios de amparo que declaren la inconstitucionalidad de normas generales no tendrán efectos generales, limitando su alcance a las partes involucradas. Este cambio surge tras la controversia que se dio con la reforma eléctrica, en la que los amparos beneficiaron a todas las empresas del sector.
Después de un intenso debate de más de seis horas, el dictamen fue aprobado con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, y 17 en contra de la oposición. La sesión continúa con la revisión de 330 reservas, lo que podría prolongar la discusión hasta la madrugada del martes.
La mayoría legislativa sostiene que la reforma busca erradicar el nepotismo, la corrupción y el despilfarro en el PJF, negando que la iniciativa afecte los derechos laborales de los trabajadores judiciales, quienes han protestado en contra de la propuesta.
Durante la defensa de la reforma, el diputado Marco Rosendo Medina (Morena) criticó a los ministros de la SCJN por haberse opuesto a la Ley de Austeridad, manteniendo sus elevados salarios. También señaló los "derroches y excesos" de la presidenta de la Corte, Norma Piña.
Por su parte, el panista Jorge Triana Tena respondió con una referencia bíblica, destacando los peligros de dejar decisiones importantes en manos del voto popular.
Reginaldo Sandoval, del PT, criticó el presupuesto de la SCJN, argumentando que es una "Corte obesa y corrupta" que favorece al capital privado. Desde Morena, Irma Juan Carlos destacó los altos salarios de los ministros y defendió la reforma como una demanda popular contra los excesos y privilegios.
La oposición, en cambio, calificó la reforma como inaplicable y potencialmente desestabilizadora. Rubén Moreira (PRI) advirtió que, en la Ciudad de México, los votantes tendrían que llenar hasta 25 boletas con miles de nombres, lo que sería inviable. Además, señaló que la reforma permite la intervención de poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado.
Marco Antonio Mendoza (PRI) tachó la reforma de "vendetta" contra el Poder Judicial, debido a que varios proyectos del actual gobierno fueron detenidos por jueces federales. En un tono similar, el panista Santiago Torreblanca defendió la independencia judicial, subrayando que los jueces deben proteger a las minorías y no depender del voto popular.
El debate no estuvo exento de momentos tensos. La diputada Susana Prieto, ahora sin partido, acusó a Juan Ramiro Robledo de "violentarla" al impedirle el uso de la palabra. Tras insistir en su derecho a hablar, finalmente pudo expresarse, arropada por la oposición.
El intercambio subió de tono cuando Óscar Cantón Zetina se refirió a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, de manera despectiva. Esto provocó reclamos de respeto por parte de la oposición, quienes también recordaron insultos previos dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La discusión continuó con acusaciones mutuas de traición y deslealtad hacia el país, evidenciando la polarización que la reforma ha generado entre los legisladores.
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