.jpg)
Perú
El jueves 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, a pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que instaba al Legislativo a retroceder en este proyecto. La Corte advirtió que esta ley afecta casos emblemáticos del conflicto armado interno en Perú entre las décadas de 1980 y 2000, como Barrios Altos y La Cantuta.
Con 15 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento dio luz verde a la llamada 'Ley de Amnistía', eximiendo de responsabilidad penal a individuos sentenciados o investigados por crímenes considerados de lesa humanidad por la Fiscalía de la Nación.
Votación y respaldo político
La bancada de Fuerza Popular apoyó unánimemente el proyecto con los votos de los congresistas Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano. Este respaldo fue crucial para la aprobación de la iniciativa.
Además de los votos del fujimorismo, se sumaron los de Patricia Chirinos de Avanza País; Diego Bazán y Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso (APP); María Acuña y Wilson Soto de Acción Popular (AP); José Luna de Podemos Perú; Jorge Montoya y José Cueto de Honor y Democracia; y José Jerí de Somos Perú.
La Corte IDH concluyó que la aprobación de esta ley podría obstruir el derecho a la justicia de las víctimas y subrayó que la prohibición de la prescripción en casos de violaciones masivas o sistemáticas a derechos humanos es una norma imperativa de derecho internacional. Resaltó la obligación de Perú de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos.
El proyecto de ley No. 6951/2023-CR declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
La Corte también alertó sobre la falta de garantías de un control judicial interno, ya que la redacción del proyecto amenaza con responsabilizar a autoridades jurisdiccionales que no aplicaran la ley inmediatamente, comprometiendo la independencia judicial. Recordó la obligatoriedad de sus decisiones para todas las autoridades estatales, incluyendo el Poder Legislativo, y la necesidad de un control de convencionalidad para asegurar que el derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales en derechos humanos.
A pesar de las advertencias, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han mostrado señales de desacato a las obligaciones internacionales de Perú. El Premier Gustavo Adrianzén expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte IDH, dejando desprotegidas a las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El congresista Wilson Soto de Acción Popular ha solicitado modificar su voto en la segunda votación del Proyecto de Ley 6951, expresando preocupaciones sobre la impunidad y la necesidad de reflexionar sobre su postura inicial. Declaró que “no podemos permitir que estos delitos, y quienes los cometieron, queden impunes,” en una declaración difundida por medios locales.
Organizaciones de derechos humanos y diversas agrupaciones sociales se han manifestado en contra de la ley, argumentando que podría debilitar severamente los mecanismos de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La aprobación de esta ley se suma al historial de desacatos de Perú a la Corte IDH, evidenciado anteriormente por la liberación de Alberto Fujimori, colocando al país entre los que más incumplen sus obligaciones internacionales en la región, en contraste con países como Guatemala y El Salvador que han acatado decisiones similares de la Corte IDH.
Fuente: Infobae
.jpg)