.jpg)
En Honduras, la decisión del Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya de anular convenios con las iglesias ha generado una intensa controversia. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su preocupación, señalando que esta medida podría facilitar la entrada de pandilleros de otros países mientras limita el trabajo vital que realizan las iglesias en el país, incluyendo brigadas médicas y labores de evangelización.
Urtecho criticó la Secretaría de Gobernación por lo que considera un error, sugiriendo que Honduras está siguiendo un camino similar al del gobierno de Nicaragua. "No nos parecemos, estamos siguiendo los mismos pasos del gobierno de Nicaragua", advirtió. Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó que la derogación de los convenios responde a una actualización necesaria, negando motivaciones políticas o ideológicas.
A pesar de las explicaciones oficiales, la medida ha generado malestar en el sector religioso y la sociedad civil, quienes temen que pueda ser el inicio de restricciones más amplias. Organizaciones civiles y líderes religiosos han expresado su preocupación, advirtiendo sobre posibles repercusiones negativas para la libertad de acción de diversas organizaciones en el país.
La controversia subraya las tensiones entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad, con llamados a un diálogo más transparente y abierto sobre estas medidas. Mientras el Gobierno sostiene que la actualización es para mejorar la gestión y control de las actividades religiosas, críticos como Urtecho insisten en el papel vital que juegan las iglesias en el apoyo comunitario y la mejora de las condiciones de vida en Honduras.
Fuente: Hondudiario
.jpg)