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En una votación dividida de 30 a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la Comisión investigadora sobre los contratos de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). El informe concluye que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó la agencia de publicidad del Sinart para concentrar la pauta estatal y politizar estos recursos públicos.
Según la investigación, los contratos se otorgaron preferentemente a medios afines al gobierno, sin criterios técnicos claros para su asignación.
Los votos a favor incluyeron a 15 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), cinco del Frente Amplio (FA), cinco del Liberal Progresista (PLP), dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una del Progreso Social Democrático (PPSD), así como las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
Por otro lado, votaron en contra seis diputados del PPSD, cinco de Nueva República (PNR) y dos del PUSC.
La investigación, firmada por legisladores como Vanessa Castro (PUSC), Ariel Robles (FA), Johana Obando (PLP), Dinorah Barquero y Danny Vargas (PLN), subraya el uso político y la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos.
El informe también cuestiona la existencia y el manejo del Comité Editorial de la Presidencia de la República, recomendando una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con una donación del Banco Centroamericano de Investigación Económica (BCIE).
En respuesta, tanto el fabricista Pablo Sibaja como la oficialista Ada Acuña emitieron informes separados, disintiendo de las conclusiones mayoritarias.
La diputada Johana Obando del PLP enfatizó la necesidad de cerrar la agencia de publicidad del Sinart, argumentando que los recursos podrían destinarse mejor, por ejemplo, a becas educativas.
El informe final recomienda que las presuntas irregularidades sean investigadas por el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética Pública, involucrando a varios funcionarios del Sinart y del gobierno de Rodrigo Chaves.
El debate en el plenario destacó preocupaciones sobre la libertad de prensa y la fiscalización de los recursos públicos, marcando una división clara entre los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea.
Fuente: La Nación
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