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Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y líder del Partido Comunista de Chile, ha sido detenido preventivamente bajo acusaciones que incluyen cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, en relación al caso de las "Farmacias Populares". La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de su defensa para revertir la medida, que consideraron injustificada y desproporcionada.
Karina Oliva, política y politóloga chilena, comentó en una entrevista con NODAL que estas acusaciones son parte de un esfuerzo por inhabilitar a Jadue electoralmente mediante lo que describe como "lawfare" del sistema judicial. Según Oliva, ninguna prueba sólida ha sido presentada contra Jadue después de tres años de investigación, que incluso incluyó levantamientos de secreto bancario. Las acusaciones se basan mayormente en testimonios sin corroboración y presunciones difamatorias que han influenciado la opinión pública en su contra.
El caso se originó en la política de las Farmacias Populares, iniciativa exitosa impulsada por Jadue para proporcionar medicamentos a precios accesibles, desafiando el monopolio farmacéutico privado en Chile. Según Oliva, la persecución legal parece dirigida a neutralizar su liderazgo político y desacreditar sus logros como alcalde.
La detención de Jadue ha generado controversia, con críticas hacia el sistema judicial por su supuesto sesgo político. Oliva señala que la decisión de prisión preventiva contrasta con tratamientos más favorables hacia figuras políticas de derecha en situaciones similares, sugiriendo un uso selectivo y políticamente motivado del poder judicial.
En cuanto a las repercusiones políticas, Oliva expresa que la oposición ha utilizado el caso para debilitar las propuestas transformadoras de Jadue y su influencia en la izquierda chilena. Prevé que la causa continuará siendo un campo de batalla tanto en tribunales como en el ámbito público, reflejando una lucha más amplia contra lo que perciben como intentos de proscripción política de figuras críticas al statu quo.
En resumen, para Oliva y otros críticos, el caso contra Daniel Jadue representa no solo un asunto judicial, sino un indicativo preocupante de la fragilidad democrática y el uso del poder judicial para fines políticos en Chile.
Fuente: Insurgencia Magisterial
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