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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una resolución provisional a favor del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, en el caso relacionado con la tala de más de 60 árboles en el parque Benito Juárez. La Sala de Amparo y Antejuicio suspendió temporalmente la orden de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones que autorizaba investigarlo, otorgando a los vecinos afectados un plazo de dos días para responder.
La decisión de la CSJ implica también una prohibición al Ministerio Público (MP) de iniciar una investigación sobre la tala de los árboles hasta que se revisen todos los documentos necesarios, que según los magistrados no fueron proporcionados adecuadamente por la Sala de Quetzaltenango.
Juan Fernando López, a través de su página de Facebook, reafirmó su compromiso de esclarecer los hechos y defendió su inocencia ante lo que considera una campaña de desprestigio. A pesar de las críticas por el uso de fondos municipales para su defensa legal, el alcalde aseguró que no se utilizarán recursos públicos para este fin.
Los denunciantes, representados por la Junta de Vecinos por el Desarrollo y Medio Ambiente de Quetzaltenango (JVDMAQ), tienen previsto apelar la decisión. El abogado constitucionalista Allan Estrada explicó que el amparo concedido al alcalde es provisional, lo cual permite a los denunciantes impugnar esta medida dentro de las siguientes 48 horas.
Este caso ha generado un debate sobre el manejo del poder judicial para proteger a los funcionarios públicos, destacando la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos judiciales.
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