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Diputados de diversas fracciones criticaron severamente los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), argumentando que estos están debilitando la protección de menores en un momento de creciente crisis de abandono infantil.
Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), junto a Carlos Felipe García, presidente de la Comisión de Niñez y miembro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), fueron voces prominentes en la denuncia.
Durante el 2023, el PANI atendió a 137,000 niños y adolescentes, equivalente al 11% de la población menor de edad del país, marcando un récord histórico. Las principales razones de intervención fueron casos de abandono, violencia y negligencia.
A pesar del incremento significativo en denuncias ese año, el gobierno implementó un recorte presupuestario de ¢7,000 millones para el PANI en el año 2024.
Una de las repercusiones más directas de estos recortes ha sido la reducción en los subsidios destinados a las familias que acogen menores reubicados, así como la suspensión de nuevos subsidios.
Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), el presupuesto del PANI se redujo de ¢97,400 millones a ¢90,900 millones entre 2023 y 2024.
Monserrat Ruiz expresó su preocupación diciendo: "El incremento alarmante de la violencia, agresión y abandono hacia los menores es directamente atribuible a los recortes en la inversión social, los cuales han debilitado políticas vitales como la Red de Cuido, las becas Avancemos, los Cen-Cinai, el presupuesto educativo y los programas de protección del PANI".
La legisladora también destacó las dificultades presupuestarias reconocidas por la presidenta del PANI, Kennly Garza, subrayando la falta de compromiso del gobierno y del Ministerio de Hacienda con esta población vulnerable.
Carlos Felipe García compartió su consternación por la escalada de la situación, enfatizando que "la insuficiencia de recursos humanos y económicos es extrema".
A pesar de la reducción de fondos, la ejecución presupuestaria del PANI se ha mantenido alta, siendo las transferencias y las remuneraciones los rubros que más recursos demandan.
Tanto Ruiz como García señalaron la necesidad urgente de un cambio en el modelo de gestión del PANI y de un compromiso real por parte del gobierno para abordar esta crisis humanitaria.
Ambos legisladores han propuesto iniciativas legislativas para mitigar estos impactos, incluyendo la excepción del PANI de las restricciones fiscales vigentes, subrayando la urgencia de priorizar la protección de la niñez y adolescencia en Costa Rica.
Fuente: La Nación
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