El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó nuevamente la solicitud de registro de candidatura presentada por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, postulado por el PAN. Esta decisión se tomó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la candidatura el pasado 17 de abril, al considerar a Cabeza de Vaca prófugo de la justicia.
El acuerdo del INE, aprobado con 10 votos a favor y uno en contra, es susceptible de impugnación, lo que llevará nuevamente el caso a la Sala Superior del TEPJF para su revisión y determinación sobre la nueva situación jurídica del exmandatario. Cabe destacar que un juez otorgó una suspensión definitiva que, según el PAN, restablece los derechos político-electorales de Cabeza de Vaca y lo hace elegible.
La votación tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, luego de una extensa discusión que se prolongó casi doce horas desde el inicio de la sesión ordinaria del consejo del INE.
Morena, el partido que impugnó inicialmente la candidatura de Cabeza de Vaca, anunció que recurrirá nuevamente al Tribunal para exigir la declaración de vacante del lugar que se le había otorgado en la lista electoral.
En tanto, el consejero Arturo Castillo, al explicar su voto a favor del acuerdo del INE, subrayó que la evaluación de la situación jurídica compete a la Sala Superior y que la suspensión definitiva solo afecta la situación en materia de amparo, sin claridad sobre sus implicaciones en materia electoral.
La sentencia de la Sala Superior del TEPJF revocó el registro de Cabeza de Vaca, lo que obligó al PAN a proponer un nuevo candidato ante el INE, luego de que su primer propuesto, Homero Alonso Florez Ordóñez, renunciara. El nuevo candidato presentado será sujeto a la revisión de la situación jurídica en curso.
En cuanto a la ubicación de Cabeza de Vaca, el representante de Morena señaló que enfrenta órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Almoloya, mientras que el PAN argumenta que las acciones legales en su contra son parte de una persecución política.
En medio de estas disputas, el INE se ve en la obligación de seguir los dictámenes judiciales y proceder conforme a la ley en el registro de candidaturas.
Fuente: La Jornada
