Chile
¿A favor o en contra?
Esa es la pregunta que deberán contestar millones de chilenos el domingo 17 de diciembre cuando se enfrenten, una vez más, a un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva propuesta constitucional.
El país sudamericano lleva cuatro años intentando cambiar su Carta Magna, desde que se presentó como una alternativa para resolver las fuertes tensiones del estallido social que comenzó en octubre de 2019.
La tarea no ha sido fácil.
A pesar de que en octubre de 2020 más de un 80% de los chilenos se mostró a favor de reemplazar su Constitución, el primer intento por hacerlo, liderado por independientes y sectores de izquierda, fracasó en septiembre del 2022, cuando un 62% votó “rechazo” cuestionando enfáticamente el texto presentado y el desempeño de la convención que lo escribió.
Chile, entonces, se dio una segunda oportunidad.
Esta vez, la propuesta fue elaborada por un consejo integrado en su mayoría por la derecha, siendo el partido Republicano -la organización de extrema derecha fundada por el excandidato presidencial José Antonio Kast- el de mayor representación.
Derechos sociales: salud, educación y pensiones
El cambio a los sistemas de salud, educación y pensiones fue tal vez el principal reclamo hecho por los millones de chilenos que participaron en las masivas manifestaciones de 2019 expresando su rechazo a un modelo económico que, advertían, no cumplía con los estándares de una sociedad "justa".
Los críticos señalaban que la Constitución vigente era responsable de consolidar un papel residual del Estado en la provisión de estos servicios, dejándolos en manos de privados y generando una desigualdad estructural en el país.
En el primer intento por cambiar la Carta Magna, el documento consolidaba de forma contundente el deber del Estado de otorgar educación, salud y pensiones a través de sistemas nacionales públicos.
Y en el caso de las pensiones, ni siquiera mencionaba a prestadores privados, actualmente está en manos de las controversiales AFP.
La propuesta actual, en cambio, privilegia un sistema mixto.
• En salud, el texto señala, entre otras cosas, que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas”. Y que la ley establecerá un plan de salud universal, “sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas”.
• En Educación, se enfatiza el derecho preferente de los padres o tutores sobre la educación de los niños, y se afirma que se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas, según “criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria”.
También se acentúa la “libertad de enseñanza”, y se establece que los establecimientos educacionales tendrán la “libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de su proyecto”, aunque el Estado fijará “contenidos mínimos”.
• En Pensiones, dice que el Estado garantizará “el acceso a prestaciones básicas y uniformes”, sea que se otorguen “a través de instituciones públicas o privadas”, y que la ley podrá establecer “cotizaciones obligatorias”.
Además, afirma que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones” y tendrá el derecho “a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”. “En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, agrega.
Quienes están por el “a favor” defienden que la labor social del Estado está presente a través de la definición de Chile como un “Estado social y democrático de derecho” -un anhelo histórico de los sectores de izquierda-.
“Nosotros estamos garantizando que la ciudadanía tenga derecho a elegir y a acceder a estos derechos sociales de la manera más oportuna y correcta posible”, le dijo a BBC Mundo Beatriz Hevia, miembro del partido Republicano y presidenta del consejo constitucional.
Pero quienes llaman a votar “en contra” indican que el texto no asegura una mayor participación e involucramiento del Estado en la provisión de servicios como la salud, educación o pensiones, sino todo lo contrario: consolida el modelo de capitalización individual de la actual Constitución.
“La propuesta refuerza en forma muy clara el modelo de Estado Subsidiario de la Constitución del 80. Se consolida la segregación en materia de salud, educación y pensiones”, le dice a BBC Mundo Verónica Undurraga, expresidenta de la comisión de expertos que creó un anteproyecto sobre el cual trabajó consejo constitucional.
Sistema político y poder legislativo
En cuanto al marco institucional, los expertos coinciden en que lo estipulado en la propuesta es similar a lo que establece la Carta Magna vigente, aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, pero modificada numerosas veces en democracia.
El escrito que se vota el domingo afirma que Chile es una república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial, y contempla un Congreso con dos cámaras (diputados y senadores), garantizando el pluralismo político a través de los partidos.
“Este es un texto cuyo margen de innovación institucional es muchísimo menor a la primera propuesta. Está lejos de ser un texto refundacional, como pretendía la primera”, le explica a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
De hecho, la primera propuesta planteaba la eliminación del Senado y creaba dos Cámaras de poder "asimétrico": un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes, y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes "de acuerdo regional".
Sin embargo, en el documento actual hay tres cambios que resaltan:
• La disminución del número de diputados, de 155 a 138, y, con ello, la magnitud de los distritos.
• La norma que establece que los partidos políticos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para que tengan representación en el Parlamento.
• La pérdida del escaño en el Congreso en caso de que un parlamentario renuncie al partido que impulsó su candidatura.
Quienes llaman a votar “a favor” consideran que esto ayuda a fomentar un Congreso de “mayorías”, evitando así la fragmentación del poder Legislativo.
Mientras que los que se inclinan por el “en contra” afirman que estas iniciativas podrían disminuir la representatividad, afectando la calidad de la democracia.
Fuente: BBC
