Colombia
El pasado 7 de septiembre, en una sesión plenaria, se realizó una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), un espacio creado en el Acuerdo de Paz, con el objetivo de diseñar y revisar la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones con conductas criminales. Allí se aprobó la política en cuestión, propuesta en los Acuerdos de Paz, firmados en 2016.
La confirmación de esto hecho lo dio la Secretaria Técnica de la CNGS Gloria Cuartas, quien también directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: “El presidente aprobó el Plan de acción y nos hizo recomendaciones especiales, para que la fuerza pública y la inversión del Estado pueden llegar mancomunadamente y organizados a los territorios; para que superemos y transformemos estas economías e ilegalizadas, superemos el asesinato y la violación a mujeres; para que a los niños, niñas y jóvenes los saquemos de la guerra, y para que esta política que está en armonía con el Plan de Desarrollo, con las Políticas de defensa y seguridad del Ministerio de Defensa, y de no estigmatización del Ministerio del Interior nos reúna”.
El propósito fundamental que persigue este plan de acción, de acuerdo con las declaraciones de Cuartas, es “contribuir a la no repetición de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección de la CNGS, afectados por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo), así como por el abandono institucional del Estado”.
Pero ¿cómo funcionaría esta política? Según este plan de acción, el Gobierno buscará impulsar “acciones integrales que ataquen las múltiples causas (socioeconómicas, políticas, ideológicas, culturales y otras causas estructurales) que favorecen su creación, fortalecimiento y persistencia”.
La aprobación de esta medida se genera en el marco de la iniciativa de “Paz Total”, impulsada por el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, el objetivo busca no solo atacar las estructuras criminales, sino arremeter contras las causas, más allá de los grupos y sus actos, con el objetivo adicional de impactar las dimensiones financieras, políticas e institucionales, armadas, transnacionales y fronterizas del fenómeno criminal de estos grupos delictivos.
Otro de los efectos que persigue esta intención de desmantelamiento, a mediano plazo, es transformar la presencia del Estado en espacios en los que la debilidad institucional y los factores socioculturales propician el fortalecimiento de estructuras criminales. Pero también se pretende restituir la confianza institucional con la población objeto de la CNGS, generando acciones de prevención de afectaciones por parte de las organizaciones delictivas.
Fuente: Infobae
