Costa Rica
La creación de un Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad ha sido una demanda insatisfecha durante más de una década en Costa Rica. Desde el año 2010, la Sala Constitucional exigió a la Asamblea Legislativa desarrollar esta normativa para asegurar que los diputados y diputadas cumplan con el deber de probidad en el desempeño de sus funciones.
En mayo de 2018, se llevó a cabo una reforma constitucional que estableció la obligación de los legisladores de actuar con probidad y dejó abierta la posibilidad de que perdieran su credencial en caso de violar dicho deber, siempre y cuando se definieran los procedimientos mediante una Ley.
A pesar de esta determinación, la Asamblea Legislativa aún no ha emitido la legislación necesaria para implementar el régimen de responsabilidad, y en ocasiones recientes ha rechazado ampliar el plazo para su aprobación.
El Diputado Jonathan Acuña Soto, en conjunto con toda la Fracción del Frente Amplio, ha presentado nuevamente el proyecto de ley con el objetivo de establecer un marco claro que defina las acciones que deben sancionarse por su carácter corrupto y contrario a la transparencia y ética, así como el procedimiento para sancionar a los diputados y diputadas que incurran en faltas al deber de probidad.
En virtud de este proyecto, la Procuraduría de la Ética Pública se encargará de investigar cualquier diputación bajo sospecha, emitiendo una recomendación a la Asamblea Legislativa, quien tendrá la responsabilidad final de tomar una decisión sobre la denuncia.
Si la Asamblea determina que ha ocurrido una violación al deber de probidad, clasificada como muy grave, el Tribunal Supremo de Elecciones retirará las credenciales de las diputaciones sancionadas, siguiendo las disposiciones de la ley.
Asimismo, el proyecto de ley establece que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría de la Ética Pública tendrán la obligación de denunciar, siendo la primera responsable de supervisar las finanzas públicas y la segunda encargada de velar por el comportamiento ético de los funcionarios y funcionarias del sector público.
Con esta iniciativa, la fracción del Frente Amplio hace un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para cumplir con el mandato de la Sala Constitucional, el cual lleva más de 13 años sin ser atendido. La implementación de este régimen de responsabilidad es esencial para fortalecer la transparencia y la ética en el ejercicio de la función legislativa en Costa Rica. Es un paso crucial para asegurar la confianza ciudadana en el sistema político y garantizar que los diputados y diputadas actúen siempre con probidad y en beneficio del país.
Redacción Sufragio.
