Presidencia impugna resolución de ministro para frenar distribución de libros de texto



México

Redacción Sufragio

 El Gobierno Federal, a través de la Consejería Jurídica, ha tomado una decisión contundente al impugnar la resolución emitida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. En un giro que ha captado la atención nacional, se ha ordenado frenar la distribución de libros de texto en el estado de Chihuahua, desencadenando un debate sobre los derechos fundamentales y las obligaciones gubernamentales.

La Consejería Jurídica, en un comunicado oficial, ha argumentado que la medida adoptada por el ministro Aguilar Morales infringe directamente en los derechos esenciales consagrados en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución. Según esta perspectiva, el freno a la distribución de los libros de texto choca con el principio de acceso a la educación y el deber de proporcionar los medios para su ejercicio.

Este pulso legal se complica aún más al considerar la Ley Estatal de Educación de Chihuahua, la cual establece claramente que es responsabilidad de la autoridad local asegurar una distribución puntual, íntegra, extensa y eficiente de los libros de texto gratuitos y recursos educativos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. En este sentido, se ha resaltado que el recurso presentado por el gobierno local, liderado por Marú Campos, no tiene fundamentos sólidos y que, de hecho, las autoridades de Chihuahua admiten tener en su poder los libros de texto en cuestión, lo que debería implicar su distribución inmediata.

El tono de esta disputa legal se ha vuelto aún más acalorado con las declaraciones que cuestionan la conducta del ministro Luis María Aguilar Morales. Se ha calificado de lamentable su actuación al ir en contra de los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Esta postura en contra del ministro resalta la gravedad de la situación y la percepción de que los derechos educativos de los estudiantes de educación básica en Chihuahua están siendo afectados de manera injusta.

Ante esta controversia, la Consejería Jurídica no ha titubeado y ha pedido a los once ministros restantes de la Suprema Corte que asuman su responsabilidad en este asunto. Han instado a la máxima autoridad judicial a intervenir para asegurar la distribución inmediata de los libros de texto, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas en el estado de Chihuahua.

En este contexto, la impugnación presentada por el Gobierno Federal y la firmeza con la que defiende la distribución de los libros de texto en Chihuahua han generado un debate intenso en torno a los deberes constitucionales, la autonomía de las entidades y la garantía del acceso a la educación en todo el país. 

La decisión final de la Suprema Corte en este caso resonará más allá de los límites geográficos de Chihuahua, ya que sentará un precedente en la iniciativa del presidente López Obrador.

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Bestiario Político No. 68