México
Redacción Sufragio
El Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha anunciado una medida contundente en su búsqueda por abordar un espinoso tema: la denuncia contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ha presentado acusaciones que sostienen que el ministro habría favorecido con su falta de acción a una empresa con una deuda millonaria de 25.000 millones de pesos hacia el fisco, abarcando los años 2010, 2011 y 2013.
El marco de esta situación se agrava aún más debido a que en los últimos días, Aguilar ha autorizado dos recursos legales que suspenden la distribución de los nuevos libros de texto para las escuelas públicas de Chihuahua y Coahuila, estados donde el Gobierno enfrenta oposición. Estas publicaciones educativas han sido objeto de controversia, calificadas por diversos sectores como "adoctrinadoras" y "comunistas".
La Administración de López Obrador se encuentra bajo presión, ya que el ciclo escolar está a punto de comenzar el 28 de agosto, y su objetivo de proporcionar los nuevos libros educativos se ve cuestionado por sectores opositores. Sin embargo, el enfoque del Gobierno en esta denuncia no solo radica en el retraso de la resolución de los problemas fiscales, sino en la aparente disparidad en la celeridad con la que el ministro Aguilar ha actuado en diferentes casos.
Durante una conferencia mañanera, el titular de la Procuraduría Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, ha señalado que la empresa involucrada en este asunto ha empleado una compleja estructura corporativa para evadir sus responsabilidades tributarias, valiéndose de tácticas legales para retrasar el pago de impuestos. A través de solicitudes reiteradas a la Suprema Corte para que atraiga sus casos, la empresa ha logrado prolongar los litigios, lo que ha resultado en una deuda no recuperada durante 13 años.
En el centro de esta controversia se encuentra el ministro Aguilar, quien, según el procurador fiscal, ha mantenido en sus manos el expediente de la empresa en cuestión durante ocho meses sin tomar medidas concretas para su resolución. Se le acusa de demorar injustificadamente su resolución y de actuar de manera selectiva en sus decisiones judiciales. Esto, según Medina Padilla, socava los principios fundamentales de la Constitución y la justicia en México.
El presidente López Obrador ha expresado su preocupación por esta situación y ha cuestionado el doble estándar que percibe en el accionar del ministro. Mientras que Aguilar ha actuado con rapidez en casos relacionados con los libros de texto en estados gobernados por la oposición, ha demorado notablemente en la resolución de un caso que involucra una deuda significativa para el Gobierno. López Obrador ha enfatizado que busca que se resuelva conforme a la ley y ha señalado la necesidad de erradicar cualquier tipo de sesgo en la administración de justicia en el país.
Esta no es la primera vez que el ministro Aguilar se encuentra bajo escrutinio. En el pasado, López Obrador lo ha calificado como "deshonesto" y "conservador" debido a decisiones judiciales que han desencadenado tensiones entre el Gobierno y la Corte. La presentación de una queja en su contra y la solicitud de un juicio político por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en julio marcan un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en México.
