Costa Rica
Redacción Sufragio
En lugar de continuar con la controvertida minería a cielo abierto que ha causado daños ambientales y problemas de agua en la región, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa están siendo instados a colaborar en la búsqueda de una solución conjunta para permitir una explotación legal y bien regulada de los recursos de oro en Crucitas.
Este enfoque es respaldado por diputados de diversos partidos políticos, quienes buscan asegurar que los beneficios derivados de esta actividad lleguen a las comunidades cercanas, generando tanto recursos financieros para el país como nuevas oportunidades laborales y de negocio.
La actual situación, en la que la extracción de oro ocurre de manera ilegal y el gobierno se ve en una constante lucha contra los mineros ilegales conocidos como "coligalleros", se considera el peor escenario posible por parte de los congresistas. A lo largo de los años, el oro ha sido extraído de manera indiscriminada y perjudicial para el medio ambiente, resultando en una significativa contaminación sin ningún beneficio real para Costa Rica
Los representantes legislativos subrayan la importancia de una explotación racional y sostenible de los recursos naturales de Costa Rica, no solo para fomentar el desarrollo y el bienestar, sino también para invertir en la preservación ambiental, un valor que el país ha mantenido y por el cual es admirado a nivel mundial. La ausencia de una explotación legal ha llevado a la proliferación de la minería ilegal, lo que a su vez contribuye a la degradación del entorno.
La explotación controlada enfrenta obstáculos debido al litigio en curso entre el gobierno y la empresa Infinito Gold por la propiedad de la mina de Crucitas. Dada esta situación, algunos diputados, como Kattia Cambronero del partido Liberal Progresista, abogan por la búsqueda de soluciones alternativas, considerando que la inacción no es una opción viable.
La mayoría de los partidos políticos en el Congreso respaldan la idea de una actividad minera controlada y legal en lugar de la situación ambientalmente desfavorable que prevalece actualmente. Las voces de los líderes políticos resaltan la necesidad de que el gobierno y el Congreso colaboren para establecer planes operativos que minimicen los riesgos ambientales mientras se obtiene un beneficio económico que alcance a las comunidades afectadas por la actividad minera en Crucitas.
