México
Redacción Sufragio
Las tensiones y preocupaciones en torno a presuntas agresiones y abuso de autoridad han surgido en la comunidad de Hidalgo, México, tras un incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en la sede del Congreso local. La Colectiva Mercadona Las Insurgentas y la Unión de Madres Protectoras, dos grupos activistas, han presentado una demanda en contra de Ana Karen Parra Bonilla, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), así como contra trabajadores de dicho organismo y personal de seguridad del Poder Legislativo.
El incidente en cuestión involucra a una mujer a quien se le negó la entrada a la sede del Congreso durante la comparecencia de Ana Karen Parra Bonilla ante los diputados. De acuerdo con material audiovisual proporcionado por las denunciantes, se puede apreciar cómo la afectada intenta ingresar al recinto legislativo, pero el personal de seguridad le impide el paso. A pesar de la insistencia de la mujer, los elementos de seguridad cerraron la puerta, dejándola atrapada en el proceso.
La situación escaló cuando los presuntos agresores continuaron impidiendo su entrada, a pesar de que la mujer se quejaba de la agresión y llegó a manifestar dificultades para respirar. Los supuestos trabajadores de la CDHEH presentes en el lugar no intervinieron para detener estas acciones, lo que ha causado un cuestionamiento sobre la protección de los derechos de ambas partes en el conflicto.
Finalmente, una mujer que portaba el uniforme de la comisión abordó a la afectada mientras seguía atrapada en la puerta, buscando una solución para abrir el acceso. Estas acciones llevaron a la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), bajo el número de caso 12-2023-12917. Esta denuncia se dirige no solo hacia Ana Karen Parra Bonilla, sino también a sus trabajadores, a los elementos de la Policía Industrial Bancaria y al personal del Congreso de Hidalgo involucrados en el incidente.
El caso ha generado discusiones y debates en torno a la autoridad, los derechos humanos y la conducta de las instituciones involucradas. La comunidad sigue de cerca los desarrollos de este asunto, esperando una respuesta adecuada y justa que aborde las preocupaciones planteadas por las denunciantes.
