De la ley 3 de 3 y contra el Sicariato Digital

 


Nacional

“La participación de las mujeres en los puestos de decisión es imprescindible para tener una democracia efectiva con real participación de toda la sociedad”, Ana María Baiardi Quesnel, Ministra de la Mujer de Paraguay.

En los últimos meses, diferentes iniciativas a favor del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres se han redactado y aprobado en los congresos locales y a nivel federal. Una iniciativa en lo particular, la tan mencionada “Ley 3 de 3”. Esta polémica ley, busca “suspender derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios”. 

De igual forma, los presuntos agresores, no podrán acceder a los cargos de cualquiera de los 3 espacios de gobierno. (Comunicación Social del Senado de la República). Diferentes colectivos feministas como “Las Constituyentes Feministas”, “50+1”, “Mujeres en Plural” y el “Frente Nacional Mujeres” por mencionar algunos, han ejercido presión mediática para impulsar la aprobación de la ley. 

El día de ayer, 24 de mayo, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, elevó a rango constitucional esta ley. Recientemente, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el Dr. Ricardo Monreal, emitió un comunicado al respecto ya que 23 estados ya habían aprobado esta ley y que el Senado actuaría conforme a derecho y en pro de los derechos humanos. Lamentablemente, muchos congresos (como el de Nuevo León), no aprobaron la iniciativa de ley y genera una incertidumbre jurídica importante para las mujeres y personas que han sido víctimas de violencia política en razón de género, violencia vicaria, violencia sexual entre otros tipos de violencia. 

Paralelamente, en Puebla, Edurne Ochoa (destacada activista, consultora política y autora del libro “Feminización de la política”) junto con la diputada local, Nora Merino Escamilla; colectivos feministas como la Red internacional de Mujeres para la participación política femenina y grupos destacados dentro del ámbito de la comunicación política como el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales (por sus siglas AICODI) entre otros, promueven un paquete de iniciativas contra el Sicariato Digital. Estas propuestas, amplian en los ordenamientos los tipos de violencia digital ya que, en palabras de la activista, la ciberviolencia “[…]trastoca diferentes ámbitos de la vida de mujeres y personas que han sido víctimas de este tipo de violencia, ya sea a través del stalking con perfiles falsos o bots, amenazas, hackeo de dispositivos móviles y/o redes sociales, etc”.

El trabajo colaborativo e interinstitucional, busca visibilizar y nombrar las violencias digitales que aquejan, principalmente a mujeres y niñas en el ciberespacio. De igual forma, se busca que este conjunto de leyes se complemente o trabaje de forma interseccional con Ley 3 de 3 con el fin de sancionar a los agresores y evitar que ocupen cargos públicos en el estado. Dicho en otras palabras, se gestionará de forma paralela, la armonización legislativa correspondiente y los acuerdos entre las bancadas para lograr la aprobación de las iniciativas en pro de la integridad y seguridad de millones de poblanas. 

La diputada menciona en su artículo “Sicariato Digital: una realidad en Puebla” que son reformas a diversos ordenamientos jurídicos junto con el “[…] fortalecimiento de políticas públicas para prevenir y atender los delitos cibernéticos […] fortalecimiento de las nuevas facultades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla para […] implementar una estrategia estatal de ciberseguridad para garantizar la seguridad de las personas y entidades en el entorno digital” La primera consta en agregar el tipo penal de “Delitos informáticos entre particulares” con el propósito de tipificar la intervención de medios digitales, la distribución no consensuada de datos personales obtenidos sin consentimiento de las víctimas entre otras conductas. Se agregan agravantes para sancionar casos específicos como los relacionados con víctimas menores de edad y para personas integrantes de grupos vulnerables. En la segunda reforma, se busca ampliar la protección para las mujeres y personas usuarios de espacios digitales para contrarrestar la ciberviolencia que padecen. Esta protección será contra violencia sexual y contra cualquier otra modalidad presente en las TIC. 

Como víctima de violencia polítca en razón de género, ciberviolencia y otras modalidades de violencia; considero que estas iniciativas de ley son indispensables para que las mujeres jóvenes podamos participar activamente en las próximas elecciones. “La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende” Rigoberta Menchú, activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Artículo Anterior Artículo Siguiente

Bestiario Político No. 72