Legislativo
La alianza Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD,
llega dividida a la discusión legislativa de una nueva reforma constitucional
de gran importancia para la Administración de Andrés Manuel López Obrador: la
electoral. Morena, el partido del presidente, y el PRI han mantenido la inercia
negociadora que recientemente posibilitó la aprobación de la reforma que
extiende la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Solo el
PAN parece mantenerse firme. La Cámara de Diputados iniciará este martes la
discusión de una propuesta de López Obrador que pasa por refundar el Instituto
Nacional Electoral (INE), reducir el financiamiento público a los partidos
políticos, que los jueces electorales sean electos mediante el voto popular y
eliminar a los legisladores plurinominales, unas medidas que han encendido las
alertas incluso del Consejo de Europa, que este lunes advirtió de riesgos de
parcialización de los árbitros electorales y falta de certeza en las
votaciones.
Pocos partidos de la oposición han mostrado voluntad de
ejercer de contrapesos de la iniciativa presidencial. De las 50 iniciativas de
reforma constitucional que discutirán las comisiones de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Reforma Político-Electoral, la mayoría proviene de Morena y
ninguna ha sido impulsada por el PRI ni por el PRD. Solo el PAN y Movimiento
Ciudadano han hecho propuestas que buscan contrarrestar la aplanadora
oficialista en los comicios presidenciales de 2024: instaurar la segunda vuelta
o balotaje, restringir la promoción personal mediante las conferencias
mañaneras, reglamentar los gobiernos de coalición y castigar la intervención de
grupos criminales en los comicios.
Pese a tener mayoría en las comisiones que elaborarán el
dictamen, Morena presenta de momento un talante flexible. Por un lado, para
blindarse ante las críticas presentando el resultado final como una medida
consensuada con la oposición. Y por otro, para aprovechar el río revuelto de la
alianza para ir cerrando apoyos de cara a la batalla en el pleno y posteriormente
en el Senado, la plaza previsiblemente más complicada. El morenista Ignacio
Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro,
ha ofrecido al PRD y al PAN que Morena podría ceder en demandas de la oposición
a las que en otros tiempos el partido oficial cerraba el camino.
Una de las ofertas es hacer efectiva una reforma para
contener la sobrerrepresentación legislativa, de acuerdo con un dirigente de la
alianza Va por México que solicitó mantener su nombre en reserva. La
sobrerrepresentación ha permitido a los partidos tener más legisladores que los
que les corresponden en virtud de su votación obtenida en las urnas. Esta
circunstancia ha beneficiado a Morena desde 2018, cuando obtuvo el 46% de los
sufragios, pero accedió al 62% de las curules de la Cámara baja, una
sobrerrepresentación del 16%. Ninguna de las iniciativas de la oposición sobre
este problema ha podido avanzar hasta ahora.
Otra oferta de Morena, de acuerdo con la misma fuente, es
aprobar una reforma que permite el reparto de sufragios entre los partidos de
una coalición para permitir que los institutos políticos con poca fuerza
garanticen la mínima votación para mantener su registro, una vieja práctica
conocida en el argot político como “cláusula de la vida eterna” y que había
sido eliminada con la reforma electoral de 2007.
La cercanía del PRI en la Cámara baja con Morena en el tema
electoral se remonta a algunos meses, cuando ambas bancadas, junto con el PT,
aprobaron una reforma que pretendía prohibir que el Tribunal Electoral federal
pudiera revisar decisiones internas del Congreso de la Unión. La semana pasada,
el diputado morenista Sergio Gutiérrez y el priista Rubén Moreira participaron
en una reunión privada con Alejandro Moreno, dirigente del PRI y presidente de
la comisión de Gobernación, para comenzar las pláticas sobre la reforma
electoral, confirmaron a este diario fuentes legislativas.
Fuente: Proceso